“Yo estoy a favor de exhortar al titular del Poder Ejecutivo para que suspenda la entrega de notarías; hay una sobrepoblación, además de que los habitantes de Cholula, los habitantes de Cuautlancingo, de Ocoyucan, por la cercanía que existe con el municipio de Puebla, pues ahí también se ha atendido (el servicio), entonces que no se utilice como un método de premiar a las personas”.
Con estas palabras, la diputada por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Tonantzin Fernández Díaz, defendió el 12 de noviembre del 2018 la reforma al artículo 23 de la Ley del Notariado para impedir que el entonces gobernador saliente, José Antonio Gali Fayad, entregara las últimas patentes de su mandato.
Dos años con tres meses y 18 días bastaron para que la diputada cambiara de parecer y dejara de lado la idea de que existe una sobrepoblación de notarías e incluso votar, como la mayoría del Congreso, para avalar una reforma del Ejecutivo que permitirá, entre otras cosas la creación de más oficinas para nuevos fedatarios.
En esa sesión del legislativo poblano, donde la modificación pasó por 27 votos a favor, 12 en contra y una abstención, Vianey García Romero, presidenta de la comisión de Gobernación, justificó con palabras que se lleva el viento:
“Por eso es que se reforma el Artículo 23, incluyendo el concepto para que ya no se den notarías al por mayor; esto es sumamente necesario para que las notarías en el estado de Puebla y la fe pública tenga razón de ser, que no sea meramente un favor político.”
Ya sabe, la congruencia en tiempos de la cuarta transformación.
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El diputado local de Morena, Emilio Maurer Espinoza, dio la nota durante la sesión del Congreso en la que se discutía la finalmente aprobada reforma a la ley del notariado del estado de Puebla.
Pero no vaya usted a pensar que por una participación digna de reconocimiento o por una sesuda contribución al desarrollo del debate, no, sino por llamar “esquizofrénica”, así, tal cual, a una de sus compañeras.
Maurer, ya conocido por su florido lenguaje, llamó de esa manera a la legisladora panista Mónica Rodríguez, quien de inmediato tomó la palabra de nueva cuenta para exigirle respeto al diputado morenista.
Al final Maurer admitió el error y se disculpó, pero su proceder ya había sido condenado de manera unánime.
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A un año y ocho meses de haber sido señalado por el presunto desvío de cinco millones de pesos, el exdirector de Sistema Operador de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado de Texmelucan (Sosapatex), Raymundo Martínez Montes, fue exonerado al confirmarse que no cometió ningún delito.
Fue en el mes de junio del 2019 cuando la Contraloría del Ayuntamiento de San Martín Texmelucan, que encabeza Nadia Elizabeth Olivera Rendón, informó que, derivado de una auditoría realizada al Sosapatex, fueron detectadas 10 observaciones, de las cuales una de ellas arrojó en presunto desvío de recursos públicos por un monto de 5 millones 538 mil 139 pesos y 26 centavos.
A raíz de los señalamientos, la sindicatura presentó el 14 de junio una denuncia ante la Fiscalía Anticorrupción, por lo que Raymundo Martínez fue destituido de su cargo y el 10 de julio del 2019 se llevó a cabo una sesión extraordinaria del Consejo de Administración del organismo, donde fue nombrado Pascual Morales Juárez, quien se desempeñaba como subdirector de Atención Comercial, como encargado de despacho del Sosapatex.
Más adelante, el 23 de julio del 2020 el cargo fue entregado a Rafael Enciso Sánchez.
Sin embargo, tras la exoneración, ahora Martínez Montes busca ser restituido en su cargo y anunció demandas en contra de la autoridad municipal por el daño causado. Es lo menos que merece.
