El comienzo de una nueva administración municipal en la ciudad de Puebla y el arranque de una nueva legislatura en el Congreso del Estado servirán de coyuntura para retomar un debate cíclico al que se le da poca resonancia pero que se mantiene vigente entre las autoridades de no pocas juntas auxiliares.
Con la llegada de rostros renovados, principalmente en el ayuntamiento y el Congreso, presidentes y expresidentes de varias de las 17 juntas auxiliares del municipio ven la oportunidad de plantear la necesidad de convertirse en municipios autónomos, de manera que puedan gestionar sus propios recursos para atender las necesidades de la gente que habita en sus jurisdicciones, y que piensa, muchas veces con razón, que los ediles de la cabecera los excluyen en el desarrollo de sus políticas públicas.
Un 6 de septiembre de 1962, hace 59 años, San Felipe Hueyotlipan, San Jerónimo Caleras, San Miguel Canoa, La Resurrección y San Francisco Totimehuacan dejaron de ser municipios para convertirse en juntas auxiliares de la ciudad de Puebla, con el pretendido objetivo de que así obtendrían mayores beneficios para sus comunidades, un mejor desarrollo social y en general superiores condiciones de vida.
No lo consiguieron, según se desprende de las entrevistas que este medio recogió con las autoridades salientes, sino todo lo contrario.
Lejos de conseguir ese anhelado desarrollo, las juntas auxiliares, que mantienen presidente y una suerte de estructura administrativa para velar por los intereses de su gente, se volvieron apéndices del gobierno municipal, sin derecho a voz ni voto en la toma de decisiones.
Por eso es que una vez más revivirán el debate sobre la conveniencia de regresar a la situación política y constitucional de antes, y no solo los ediles de esas cinco juntas, sino varios más de las otras 12.
En la discusión serán relevantes la opinión del Congreso, que tendrá en Sergio Salomón Céspedes a su nuevo presidente, y al edil de Puebla, Eduardo Rivera Pérez.
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La presidenta del Comité Directivo Estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, sigue empantanada en conflictos políticos y ahora jurídicos en el camino hacia su intento de reelección, pues ha quedado claro que cuenta con el rechazo de un importante sector del panismo para continuar en ese cargo de dirigencia partidista.
El viernes, Huerta recibió el visto bueno del Comité Ejecutivo Nacional a la conformación de la Comisión Estatal Organizadora, que encabeza Leonor Popócatl Gutiérrez y que será el símil de un árbitro en la contienda por la dirigencia.
Derivado de ese aval, ayer domingo la lideresa instaló el organismo y procedió con ello a al comienzo del proceso de renovación del Comité Directivo Estatal para el periodo 2021-2024.
Sin embargo, casi al mismo tiempo que recibía el “sí” del CEN, al menos 55 panistas opositores a su reelección acudieron ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar el Consejo Estatal que srivió para crear la Comisión Organizadora Electoral.
Todo un enredo del que la presidenta no ha podido salir y en el que, se nota, Marko Cortés Mendoza, no ha querido intervenir.
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Otro asunto que fue llevado a tribunales es el retiro de la constancia de mayoría que el Tribunal Electoral del Estado hizo recientemente con Mónica Rodríguez Della Vecchia, militante del PAN.
Rodríguez y María de los Ángeles Pérez, su suplente en la fórmula que contendió por el distrito local número 9, del PRI, ya recurrieron a instancias federales para revertir esa extraña resolución que ordenó entregar la constancia de mayoría en favor de la fórmula de Morena que encabeza Melissa Jauli Gutiérrez.
Eso significa que la contienda por ese distrito no ha concluido.
Y que quien ahora se adelante a celebrar su triunfo en la mesa podría quedarse, dentro de unos días, con un mal sabor de boca.
