/ viernes 15 de octubre de 2021

En Punto

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado un posicionamiento importante en torno al conflicto que vive la universidad privada más importante del estado, la UDLAP.

En el contexto de la conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano envió un mensaje a los integrantes de la familia Jenkins que son protagonistas en este problema judicial, que mantiene a los estudiantes de esa institución sin posibilidad de asistir a las aulas para retomar clases presenciales.

Les dijo que ya no es el tiempo de antes, el de otros gobiernos, cuando se podían hacer chanchullos para inclinar el brazo de la ley con base en trampas y corrupción, por lo que les invitó a conducirse por la vía legal, con rectitud y sin influyentismo, hasta el término del pleito.

Mientras tanto, él, a su vez, comprometió a la Fiscalía General de la República a resolver con imparcialidad, para darle la razón a quien la tenga.

"Ese caso es muy debatido. He escuchado puntos de vista. Lo mejor es que la Fiscalía resuelva, que las autoridades actúen con rectitud, que no se inclinen a favor de uno u otro, que le den la razón a quien la tiene, que no haya influyentismo, que se imparta justicia”, expuso el presidente.

Que así sea pues, justo como deben solucionarle las peleas judiciales, en una única ruta legal.

De lo que no habló López Obrador fue de las afectaciones que el conflicto tiene en la comunidad estudiantil, la más perjudicada por la disputa.

Y cómo iba a hacerlo si ni aquí en Puebla es asunto de discusión por parte de los dos rectores, Cecilia Anaya Berríos (del bando denunciado, quien tiene la posesión de las cuentas bancarias) y Armando Ríos Piter (del grupo denunciante, con posesión del campus), quienes no pueden o no quieren dar respuesta a la demanda de la comunidad: “clases presenciales, ya”.

***

Además de concretarse el relevo de presidentes municipales en la gran mayoría de los ayuntamientos del estado, este viernes se cumple el plazo que a decir de los enterados se había planteado el gobernador Miguel Barbosa Huerta para hacer algunos ajustes en su equipo de colaboradores.

La especie, que ha sido comentada solo a nivel de trascendido, aseguraba que dos personajes políticos que compitieron sin éxito en el pasado proceso electoral, y que gozan de la estima del mandatario, podrían incorporarse al gabinete una vez que terminara el periodo de gobierno de los presidentes municipales que entraron en funciones en octubre de 2018.

Se trata de Karina Pérez Popoca, ahora exalcaldesa de San Andrés Cholula, y Gabriel Biestro Medinilla, también exdiputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Pérez Popoca compitió por la reelección y perdió, mientras que Biestro Medinilla peleó por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla que finalmente Morena le dio a Claudia Rivera Vivanco.

Ambos son oficialmente desempleados en el servicio público y seguramente esperan una invitación de la administración estatal para, pronto, dejar de serlo.

***

No solo las actividades comerciales, empresariales y de negocios retornarán a la normalidad que existía antes de la pandemia por coronavirus, sino que también lo harán todas las actividades religiosas.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinoza ha anunciado que a iglesia católica volverá, con aforos permitidos de 100 por ciento, a realizar misas, fiestas patronales, peregrinaciones, procesiones y retiros gracias al decreto recién publicado por el gobierno del estado, en el que se permite la apertura, prácticamente sin restricciones, de las actividades sociales.

Eso sí, para no herir susceptibilidades y evitar que le llamen irresponsable a la arquidiócesis, destacó que en todos esos actos será obligatorio el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y la conservación de la sana distancia (a ver cómo, con aforos de 100 por ciento).


El presidente Andrés Manuel López Obrador ha fijado un posicionamiento importante en torno al conflicto que vive la universidad privada más importante del estado, la UDLAP.

En el contexto de la conferencia de prensa mañanera, el mandatario mexicano envió un mensaje a los integrantes de la familia Jenkins que son protagonistas en este problema judicial, que mantiene a los estudiantes de esa institución sin posibilidad de asistir a las aulas para retomar clases presenciales.

Les dijo que ya no es el tiempo de antes, el de otros gobiernos, cuando se podían hacer chanchullos para inclinar el brazo de la ley con base en trampas y corrupción, por lo que les invitó a conducirse por la vía legal, con rectitud y sin influyentismo, hasta el término del pleito.

Mientras tanto, él, a su vez, comprometió a la Fiscalía General de la República a resolver con imparcialidad, para darle la razón a quien la tenga.

"Ese caso es muy debatido. He escuchado puntos de vista. Lo mejor es que la Fiscalía resuelva, que las autoridades actúen con rectitud, que no se inclinen a favor de uno u otro, que le den la razón a quien la tiene, que no haya influyentismo, que se imparta justicia”, expuso el presidente.

Que así sea pues, justo como deben solucionarle las peleas judiciales, en una única ruta legal.

De lo que no habló López Obrador fue de las afectaciones que el conflicto tiene en la comunidad estudiantil, la más perjudicada por la disputa.

Y cómo iba a hacerlo si ni aquí en Puebla es asunto de discusión por parte de los dos rectores, Cecilia Anaya Berríos (del bando denunciado, quien tiene la posesión de las cuentas bancarias) y Armando Ríos Piter (del grupo denunciante, con posesión del campus), quienes no pueden o no quieren dar respuesta a la demanda de la comunidad: “clases presenciales, ya”.

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Además de concretarse el relevo de presidentes municipales en la gran mayoría de los ayuntamientos del estado, este viernes se cumple el plazo que a decir de los enterados se había planteado el gobernador Miguel Barbosa Huerta para hacer algunos ajustes en su equipo de colaboradores.

La especie, que ha sido comentada solo a nivel de trascendido, aseguraba que dos personajes políticos que compitieron sin éxito en el pasado proceso electoral, y que gozan de la estima del mandatario, podrían incorporarse al gabinete una vez que terminara el periodo de gobierno de los presidentes municipales que entraron en funciones en octubre de 2018.

Se trata de Karina Pérez Popoca, ahora exalcaldesa de San Andrés Cholula, y Gabriel Biestro Medinilla, también exdiputado y presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado.

Pérez Popoca compitió por la reelección y perdió, mientras que Biestro Medinilla peleó por la candidatura a la presidencia municipal de Puebla que finalmente Morena le dio a Claudia Rivera Vivanco.

Ambos son oficialmente desempleados en el servicio público y seguramente esperan una invitación de la administración estatal para, pronto, dejar de serlo.

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No solo las actividades comerciales, empresariales y de negocios retornarán a la normalidad que existía antes de la pandemia por coronavirus, sino que también lo harán todas las actividades religiosas.

El arzobispo Víctor Sánchez Espinoza ha anunciado que a iglesia católica volverá, con aforos permitidos de 100 por ciento, a realizar misas, fiestas patronales, peregrinaciones, procesiones y retiros gracias al decreto recién publicado por el gobierno del estado, en el que se permite la apertura, prácticamente sin restricciones, de las actividades sociales.

Eso sí, para no herir susceptibilidades y evitar que le llamen irresponsable a la arquidiócesis, destacó que en todos esos actos será obligatorio el uso de cubrebocas, gel antibacterial, toma de temperatura y la conservación de la sana distancia (a ver cómo, con aforos de 100 por ciento).


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