La probable participación de Oscar Alejandro Santizo Méndez en el homicidio de tres policías ministeriales ocurrido en Tecamachalco podría tensar en extremo la ya de por sí complicada relación que hay entre dos de los personajes de poder más encumbrados del estado: uno, el gobernador Miguel Barbosa Huerta, que en calidad de jefe del Poder Ejecutivo ha prometido investigar a fondo los hechos criminales, y otro, el diputado federal y aspirante a la gubernatura Ignacio Mier Velasco, que como padre del alcalde del municipio donde ocurrieron los hechos no querrá quedarse al margen de la espiral que se avecina.
Conforme avancen las indagatorias que lleve a cabo la Fiscalía General del Estado y surjan detalles que confirmen la sospecha sobre una presunta ejecución se conocerá también el grado de responsabilidad de Santizo, quien, como colaborador de primer nivel en ese ayuntamiento, ni más ni menos que secretario de Seguridad Pública hasta antes de ser aprehendido, podría llevarse entre los pies al presidente municipal Ignacio Mier Bañuelos.
Mier Bañuelos se ganó algunas críticas después de elegir como responsable de la seguridad en Tecamachalco a un personaje con mala reputación pública por estar estrechamente vinculado a Facundo Rosas Rosas, el secretario de Seguridad Pública del extinto Rafael Moreno Valle al que se le culpa por el auge del huachicol como actividad del crimen organizado en la entidad.
Si se confirma la responsabilidad de Santizo, el triple asesinato de los policías golpeará la imagen de Mier Bañuelos, quien en el menor de los casos recibirá una condena social por no saber elegir bien a los integrantes de su equipo, con todo y la existencia de graves señalamientos públicos que hacían dudar de la contratación del servidor público por sus malos antecedentes.
Al coordinador de Morena en la cámara de diputados no le gustará pensar en un desenlace negativo para su hijo, ni siquiera en términos de percepción, por lo que seguramente intervendrá en las esferas donde puede hacerlo para tratar de ayudarlo a salir lo menos manchado de la crisis, con todo y que ese ejercicio de protección resulte incómodo o hasta ofensivo en el estado, principalmente en la Fiscalía.
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Augusta Valentina Díaz de Rivera y Marcos Castro Martínez encontraron la paz política el fin de semana, no solo por tener en su poder el acta de los resultados de la contienda interna que los acredita como presidenta y secretario general del Comité Directivo Estatal del PAN, sino por el reconocimiento directo, personal y público de uno de los aliados de Marko Cortés Mendoza en el CEN.
El viernes, en el estreno de la Casa de Gestión del diputado federal Mario Riestra Piña, el coordinador de los legisladores del blanquiazul en San Lázaro, Jorge Romero Herrera, reconoció a Díaz de Rivera como presidenta electa del partido, le expresó su apoyo y le deseó el mayor de los éxitos en la encomienda que inicia.
Romero Herrera no tiene cargo en el Comité Ejecutivo Nacional, pero es cercano a Marko Cortés y está bien informado de los acontecimientos recientes ocurridos en la vida interna del partido, por lo que ese aval del viernes en las oficinas de Mario Riestra fue en los hechos el primer acercamiento la dirigencia con Augusta y Marcos.
Solo falta el formalismo del documento para que la nueva líder tome posesión de la oficina.
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Tan molesta (y dolida) está Genoveva Huerta Villegas por haber perdido la elección de dirigente en el PAN que, además de concretar el recurso de impugnación en el CEN para tratar de invalidar el triunfo de su oponente quiere llevarse de la oficina hasta el perico que no hay.
Para muestra un botón: La oficina de comunicación social que sirvió a Genoveva eliminó las cuentas oficiales de las redes sociales del partido, para que tenga que ser la nueva presidenta la que arranque con otras, ¡desde cero!
Una de las causas de la derrota de Huerta y sus aliados fue que vieron al partido como un bien patrimonial y no como un bien público para beneficio de todos sus militantes.
