A juzgar por lo ocurrido ayer, al presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, le ha surgido el primer grupo opositor al interior de la comuna, concretamente en el cabildo.
Los regidores de la fracción de Morena ofrecieron una conferencia de prensa para descalificar el programa de estancias infantiles recién lanzado por el gobierno municipal, por considerar que se trata solo de un brochazo con relación a lo que ya existía en el pasado y no una intervención de fondo para darle un nuevo giro, como, según ellos se requiere.
En la exposición ante los medios estuvieron presentes Elisa Molina, Ernesto Aguilar, Carmen María Palma, Ana Laura Escobar y Leobardo Rodríguez Juárez, todos emanados del partido político que tuvo el control del ayuntamiento el trienio anterior y que el pasado 6 de junio fue expulsado por los electores a través del voto.
Más allá de que tengan razón o no en criticar el programa emprendido por Eduardo Rivera, lo que vale apuntar es que esta posición representa el primer brote de la oposición al alcalde en el ayuntamiento, quien, según parece, tendrá que desplegar el oficio político de sus colaboradores en el cabildo para contrarrestarla y contenerla.
Otro punto importante es que todos esos regidores fueron en su momento aliados de la expresidenta Claudia Rivera Vivanco.
Ahí podría estar el mensaje: “si nos golpeas, responderemos”.
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Un asunto que podría estar ligado al pronunciamiento de los regidores de Morena salió a la luz por boca del regidor Leobardo Rodríguez, presente en el grupo que citó a conferencia de prensa, quien durante el gobierno de Rivera Vivanco fue primero secretario de Administración y después tesorero.
Rodríguez dio a conocer que por lo menos cinco extitulares del gabinete anterior han sido notificados para aclarar dudas acerca de las dependencias que encabezaron.
Se trata de Lourdes Rosales Martínez, quien encabezó la Secretaría de Seguridad Ciudadana; Israel Román Romano, de Infraestructura; Catalina Pérez Osorio, de Gobernación; Enrique Glockner Corte, de Bienestar, y el propio Leobardo Rodríguez Juárez.
De estas notificaciones podría haber derivado el primer cuestionamiento claro y contundente dirigido a una de las políticas públicas del edil.
Por cierto, Rivera Pérez había asegurado que el viernes informaría de los funcionarios del ayuntamiento anterior que serían citados a declarar sobre presuntas inconsistencias o irregularidades.
Lo hizo hasta ayer lunes, a través de un comunicado de prensa en el que informa que concluyó la revisión de carpetas por parte de la comisión de entrega-recepción y se emitió un dictamen que contiene 2 mil 86 observaciones fundadas y motivadas en posibles inconsistencias e irregularidades.
Con esto, se insiste, comienza un periodo de enfrentamiento entre los que se fueron del alacio municipal y los que llegaron al mismo.
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Mañana se cumple un mes de la explosión ocurrida en una toma clandestina de gas LP ubicada en San Pablo Xochimehuacan, al norte de la ciudad de Puebla, y la Fiscalía General del Estado, a cargo de Gilberto Higuera Bernal, no ha presentado a ningún detenido como probable responsable del siniestro.
El acontecimiento ocasionó cuatro muertos, al menos una docena de heridos, decenas de casas destruidas y el desalojo de cientos de familias que habitaban la zona, aquel domingo 31 de octubre, lo que llevó a las autoridades estatales, entre ellas el gobernador Miguel Barbosa Huerta, a comprometer la aplicación de la ley para castigar a los responsables.
El mes se cumple este miércoles y no hay detenidos.
Al menos no que se sepa.
Quizá el fiscal tiene preparada una sorpresa para esta semana, con el anuncio de uno o varios aprehendidos.
