La escalofriante historia del cadáver del bebé encontrado en un contenedor de basura dentro del penal de San Miguel comienza a generar reflectores nacionales, llamados a protestas y disputas políticas entre actores locales.
La noticia ha ido permeando en diferentes sectores de la sociedad y las interrogantes aún no encuentran una explicación de tan deplorable hecho.
¿Cómo pudo entrar el cadáver al penal sin que nadie lo detectara?, ¿quién lo introdujo?, ¿cómo pudo salir ese alguien sin que los custodios advirtieran que faltaba el bebé?, si el ingreso fue parte de corruptelas, ¿por qué usar un cadáver para, presuntamente, introducir drogas?, si la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México carece de denuncia de la presunta sustracción del cadáver de algún anfiteatro de la capital del país, ¿de dónde lo sustrajeron?, por decir algunas.
Mientras las respuestas llegan, ya comenzaron a organizarse manifestaciones, la primera el día de hoy, a las afueras del Centro de Reinserción Social de San Miguel y los diputados en el Congreso del Estado utilizan el tema, unos para exigir que se esclarezcan los hechos y otros para acusar que se quiere sacar provecho político.
*
Por lo visto el presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez, no quitará el dedo del renglón para hacerse de los recursos que hasta ahora perdería por el cobro del Derecho de Alumbrado (DAP) tras la negativa del Congreso del Estado a permitírselo.
El alcalde anunció que prepara una ruta legal para revertir la decisión de la mayoría de los diputados que incluiría interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Aunque la medida parece lejana de aquel 24 de diciembre, no suena descabellada la pelea jurídica que intentará evidenciar que mientras a 144 municipios los legisladores sí aprobaron el cobro del DAP, a tres, gobernados por el PAN (Puebla, San Andrés y San Pedro Cholula} los dejaron fuera de la jugada.
Así que los cerca de 140 millones de pesos que están en juego mediante el cobro a ciudadanos y empresas, aún puede dar un vuelco legal y con ello evitarle a Rivera Pérez la pena de recurrir a un endeudamiento que pudiera generarle un desgaste y golpeteo a su imagen.
*
El presidente municipal de Teziutlán, Carlo Peredo Grau, salió en defensa de sus policías municipales, luego del linchamiento en redes sociales por abuso en el uso de la fuerza pública, durante la detención de un sujeto en presunto estado de ebriedad.
A decir del munícipe, el hombre se resistió a la acción policial, agrediendo a los uniformados, quienes tuvieron que someterlo al ser acusado de ofender a una mujer.
El caso que quedó aislados en redes sociales desde la semana pasado, luego de que vecinos del municipio grabaran el hecho y señalaran el actuar de la policía local, poniendo en evidencia la falta de capacitación de los uniformados que tuvieron que enfrentarse con el hombre, en medio de jalones, empujones y ofensas.
“No permitimos que un ciudadano, le miente la madre, lo empuje, lo escupa, porque el respeto empieza por nuestra sociedad, hacia la policía”, señaló el edil, al tiempo de salir en defensa de su corporación que asegura cuenta con la capacitación suficiente y los protocolos necesarios.
Ante la ola de críticas, el cuatro veces alcalde de Teziutlán lanzó la advertencia a que cualquiera que agreda a alguno de sus policías será castigado, por tratarse de una falta seria al reglamento de buen gobierno.
