Gerardo Sánchez Aguilar es uno de esos presidentes municipales que, de continuar como van, dejarán mal parada a la alianza opositora conformada por los partidos políticos PAN, PRI y PRD y la pondrá en riesgo de perder la elección de 2024 en la zona metropolitana de Puebla.
El edil de Coronango, emanado del PRD, pero cobijado por esa coalición en los comicios intermedios de 2021, acumula una ola de quejas en su territorio por parte de los ciudadanos, que en reiteradas ocasiones han hecho pública la molestia por la falta de capacidad del presidente y la poca empatía para resolverles sus demandas.
El hecho más reciente ocurrió el fin de semana, cuando vecinos de la junta auxiliar denominada San Francisco Ocotlán tomaron las calles en protesta por la inseguridad que padecen de manera cotidiana.
Los colonos hablan de la comisión de dos ilícitos concretos.
Uno, el robo en sus diversas modalidades, incluidos los asaltos en el transporte público.
Y otro, más grave aún, la desaparición de personas.
Los habitantes de Ocotlán piden al gobierno federal que les mande ayuda del Ejército o de la Guardia Nacional, ya que su presidente municipal no los atiende (ni antes ni después de la protesta, que se realizó el viernes) y temen por su vida.
Los partidos opositores a Morena se muestran muy confiados en las expectativas electorales del centro del estado, pero, y la advertencia se hace a tiempo, Gerardo Sánchez no les ayuda en eso.
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Se supone que en tiempos de la cuatroté una de las áreas públicas que mayor empuje han recibido es la del combate a la corrupción y la transparencia, sin embargo, en el caso de Puebla no se ha ido por el mejor camino en cuanto a los órganos ciudadanos que fueron creados para coadyuvar en esas funciones. O por lo menos eso es lo que parece a partir de la lentitud que se ha evidenciado en resolver algunos de los pendientes.
Vea usted.
Hasta el momento hay cinco perfiles sin definir en los cuatro órganos colegiados que integran el Sistema Estatal Anticorrupción.
Uno de ellos es la titularidad de la Secretaría Ejecutiva del organismo, que quedó acéfala desde finales de 2021, con la partida de Claudette Hanan Zehenny, y en el que no se ven intenciones de nombrar a un remplazo definitivo.
Hay otras cuatro vacantes importantes, tanto en el Comité Coordinador Estatal como en el Comité Estatal de Participación Ciudadana.
Un personaje importante en estos retrasos es Francisco Javier Mariscal Magdaleno, titular de ambos comités, pero no es el único culpable.
En general, a los integrantes de estos órganos colegiados, en teoría ciudadanizados, no parece importarles el cumplimiento de las responsabilidades que prometieron asumir.
Y a los diputados locales tampoco, comenzando por Oswaldo Jiménez López y Karla Victoria Martínez Gallegos, presidentes de las comisiones de Participación Ciudadana y Combate a la Corrupción y de Transparencia y Acceso a la Información, respectivamente, dos de los representantes populares que más interesados deberían estar en el tema.
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El gobernador Miguel Barbosa dijo que no, o que por ahora no le ha dado el sí al gobierno del presidente López Obrador, que pretende concentrar los servicios de salud de los estados del país en un solo organismo, pero desde el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en su sección 51 se le ha empezado a “informar” a los docentes de la supuesta próxima desaparición del ISSSTEP.
Según esta especie, los maestros afiliados a esta representación gremial dejarán de tener ese servicio médico, tendiente a desaparecer, para formar parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Si en el SNTE 51 saben algo que el gobernador Barbosa todavía no, valdría la pena que se lo compartieran.
