Como bien dice el gobernador Miguel Barbosa y como lo han dicho algunos otros mandatarios tiempo atrás, el cobro obligatorio de cuotas escolares en las instituciones educativas del sector público es ilegal, sin embargo, en los hechos, esas aportaciones, que casi siempre van incluidas como pago de inscripción, son lo único con que cuentan las escuelas para pagar servicios básicos como agua, luz, teléfono, internet e, incluso, mobiliario. En efecto, herramientas aparentemente ordinarias como pizarrones y gises salen de ese dinero.
El fin de semana, El Sol de Puebla dio a conocer las condiciones precarias en que se encuentran tres centros escolares por la falta de cooperación económica de los padres de familia, al término del ciclo 2021-2022.
En esas instituciones educativas, entre las que figuran, imagine usted, el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec (CENHCH), de la ciudad de Puebla, las asociaciones de tutores se han visto en problemas para solventar los gastos básicos de su operación, luego de que más de la mitad de los padres evitaron el pago, al considerar que no es obligatorio.
Los otros centros escolares son el de Acatlán, “Benito Juárez”, y el de Teziutlán, “Manuel Ávila Camacho”.
Si instituciones de esa envergadura la pasan mal por la falta de recursos, cómo estará el resto de las escuelas. Igual, o peor.
Aquí es donde asoma el reto para los tres niveles de gobierno.
La Secretaría de Educación Pública, a cargo de Melitón Lozano Pérez, que se limita a pagar el sueldo de los profesores, tiene por delante la posibilidad de cambiar una problemática que nadie más ha resuelto en el pasado.
Las asociaciones piden dinero porque lo necesitan.
Y lo necesitan porque no lo obtienen de ningún otro lado.
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Otro secretario que tiene una importante tarea por delante, inmediata, es el del Trabajo, Gabriel Biestro Medinilla, después de que, en una decisión inesperada y sorpresiva, los trabajadores sindicalizados de la planta Volkswagen rechazaran el 11 por ciento de incremento global en salario y prestaciones logrado semanas atrás por sus representantes.
Con la negativa de los obreros, que se concretó el viernes en una asamblea general, el sindicato se ve obligado a mantener el emplazamiento a huelga, que en un caso extremo podría detener nuevamente la producción de la armadora ubicada en el estado de Puebla.
La determinación de los trabajadores resultó extraña, en medio de un contexto en el que ninguna empresa local, menos del sector automotriz, había conseguido un aumento de dos dígitos. Un año antes, en 2021, empresa y sindicato acordaron un alza de apenas 5.5 por ciento.
Aun cuando es la Secretaría del Trabajo federal la que sirve de mediadora oficial en este asunto, bien haría Gabriel Biestro en desplegar sus condiciones de negociador para resolver este diferendo con el menor daño económico-laboral para el estado.
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Espere cambios en el sistema de parquímetros instalado recientemente en la ciudad de Puebla.
Adán Domínguez Sánchez, gerente de la ciudad, informó que se analiza extender el plazo de cuatro horas por automóvil permitido hasta el momento y pasar la hora gratis, de la primera, a la última, como consecuencia de las peticiones y sugerencias externadas por los usuarios.
Hay que dar como un hecho ese “análisis”.
El programa, hasta ahora, parece ser un éxito.
Dejó de haber protestas en contra de su puesta en marcha y en lo económico camina bien.
Del 3 de junio al 4 de agosto, el ayuntamiento de Puebla recaudó un millón 65 mil 127.5 pesos por el uso de ese sistema de aparcamiento.
Adán Domínguez subrayó el fin de semana que el programa es flexible y se ajustará siempre que el propósito sea mejorarlo.
Pero no se irá.
