/ lunes 12 de agosto de 2019

La cultura de legalidad y el verdadero estado de derecho

Un gran reto en los últimos años en nuestro país es reducir la criminalidad y contrarrestar al crimen organizado; para lo cual, ciertamente, es poco probable que el enfoque institucional o regulatorio sea suficiente por sí mismo. Pienso que es de vasta importancia y urgencia una estrategia complementaria enfocada en el fortalecimiento de valores acompañando a la sociedad y por supuesto apoyando el verdadero Estado de Derecho.

Considero que una de las formas más efectivas en que pueden funcionar tanto el sistema de impartición de justicia como el sistema regulatorio, es con el reforzamiento de la Cultura de Legalidad; es decir, la trasgresión de las leyes será señalada no sólo por leyes e instituciones, ni sus representantes sino también por varios sectores de la sociedad. Dicho de otro modo, cada sector dentro de la sociedad tiene funciones y obligaciones específicas pero todos tenemos el deber social de no infringir las leyes y de vigilar que en nuestro entorno tampoco ocurra. Es por ello que pienso que la participación de la comunidad con el apoyo hacia las leyes sustenta notoriamente el conocimiento de las mismas.

Por otro lado, la constante participación ciudadana reduciría el riesgo y costo sociales de una vigilancia innecesaria y por ende se reflejaría en la disminución de prácticas indebidas y dañinas para las libertades individuales.

Discurro que es una tarea difícil si se enfoca sólo a las instituciones; sin embargo este cambio cultural puede producirse con la participación activa de todos los miembros de la sociedad.

Si logramos que la sociedad simpatice con la observancia de la Ley será más fácil su participación en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todos sus miembros, incluyendo al gobierno mismo; es decir, vivir en un verdadero Estado de Derecho; en donde la sociedad crea convincentemente que las normas legales son una parte fundamental de la justicia o que proporcionan una puerta para alcanzarla y que en un sistema así se refuerza la calidad de vida de todos sus integrantes así como de la sociedad en su conjunto.

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario crear en la sociedad una nueva forma de pensamiento analítico, crítico y de imperante necesidad; pues para algunas sociedades a nivel mundial resulta difícil concebir una participación activa como responsabilidad moral, social y civil, La mayoría de las personas tiene pocos motivos para involucrarse en esta cultura. Algunos creen que el gobierno (instituciones y gobernantes) son los únicos responsables de formular y hacer cumplir las leyes. Otros creen que la sociedad por sí misma no tiene la capacidad para contribuir a la formación del verdadero Estado de Derecho. Estas perspectivas subestiman el papel de la ciudadanía, y a su vez sobrestiman el poder del Estado; dejando de lado la participación conjunta por el bien y paz común. Es por ello que estoy seguro que sin una efectiva Cultura de Legalidad no existirá el verdadero Estado de Derecho.


Titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.

Un gran reto en los últimos años en nuestro país es reducir la criminalidad y contrarrestar al crimen organizado; para lo cual, ciertamente, es poco probable que el enfoque institucional o regulatorio sea suficiente por sí mismo. Pienso que es de vasta importancia y urgencia una estrategia complementaria enfocada en el fortalecimiento de valores acompañando a la sociedad y por supuesto apoyando el verdadero Estado de Derecho.

Considero que una de las formas más efectivas en que pueden funcionar tanto el sistema de impartición de justicia como el sistema regulatorio, es con el reforzamiento de la Cultura de Legalidad; es decir, la trasgresión de las leyes será señalada no sólo por leyes e instituciones, ni sus representantes sino también por varios sectores de la sociedad. Dicho de otro modo, cada sector dentro de la sociedad tiene funciones y obligaciones específicas pero todos tenemos el deber social de no infringir las leyes y de vigilar que en nuestro entorno tampoco ocurra. Es por ello que pienso que la participación de la comunidad con el apoyo hacia las leyes sustenta notoriamente el conocimiento de las mismas.

Por otro lado, la constante participación ciudadana reduciría el riesgo y costo sociales de una vigilancia innecesaria y por ende se reflejaría en la disminución de prácticas indebidas y dañinas para las libertades individuales.

Discurro que es una tarea difícil si se enfoca sólo a las instituciones; sin embargo este cambio cultural puede producirse con la participación activa de todos los miembros de la sociedad.

Si logramos que la sociedad simpatice con la observancia de la Ley será más fácil su participación en la elaboración e implementación de las leyes que rigen a todos sus miembros, incluyendo al gobierno mismo; es decir, vivir en un verdadero Estado de Derecho; en donde la sociedad crea convincentemente que las normas legales son una parte fundamental de la justicia o que proporcionan una puerta para alcanzarla y que en un sistema así se refuerza la calidad de vida de todos sus integrantes así como de la sociedad en su conjunto.

Para llevar a cabo esta estrategia es necesario crear en la sociedad una nueva forma de pensamiento analítico, crítico y de imperante necesidad; pues para algunas sociedades a nivel mundial resulta difícil concebir una participación activa como responsabilidad moral, social y civil, La mayoría de las personas tiene pocos motivos para involucrarse en esta cultura. Algunos creen que el gobierno (instituciones y gobernantes) son los únicos responsables de formular y hacer cumplir las leyes. Otros creen que la sociedad por sí misma no tiene la capacidad para contribuir a la formación del verdadero Estado de Derecho. Estas perspectivas subestiman el papel de la ciudadanía, y a su vez sobrestiman el poder del Estado; dejando de lado la participación conjunta por el bien y paz común. Es por ello que estoy seguro que sin una efectiva Cultura de Legalidad no existirá el verdadero Estado de Derecho.


Titular de la Consejería Jurídica del gobierno del estado.