Todos sabemos que los 37 millones de pesos en efectivo robados a la Secretaría de Finanzas del gobierno poblano en época de Mario Marín; que las maletas con más de 25 millones de pesos en efectivo que trasladaban colaboradores de Javier Duarte en el gobierno de Veracruz, detenidos en el aeropuerto de Toluca; que los más de 3,400 millones de pesos desviados a través de la estafa maestra; y que la triangulación de más de 250 millones de pesos en Chihuahua operada por un personero de Manlio Fabio Beltrones tenían un mismo destino: financiar los gastos operativos y de campaña del PRI en todo el país.
Igualmente es sabido que, a pesar de estarse jugando su futuro político, este año el PRI no ha inyectado recursos “suficientes” a las campañas locales, por lo que cada candidata y candidato ha tenido que rascarse con sus propias uñas (cosa a la que casi ningún neopriista está acostumbrado), lo cual ha dado como resultado campañas muy pobres y, por consiguiente, un dramático descenso en las preferencias electorales del partido en el poder en cada una de las 32 entidades federativas.
Esta situación, que a muchos no les cuadra y va en contra del derroche que vimos el año pasado en las elecciones en el estado de México, podría tener dos posibles explicaciones: la decisión de su candidato presidencial en el sentido de rendir cuentas claras de todo el gasto de campaña y no dejarse arrastrar por el lodazal del financiamiento ilícito; sobre todo, el supuesto mensaje hecho llegar por el candidato que se perfila como el seguro ganador de que habrá borrón y cuenta nueva para lo sucedido antes del primero de julio, pero que la revisión de la cuenta pública del 2018 no entra en el ofrecimiento.
En este escenario, la sustitución del presidente del PRI y el relanzamiento de la campaña de su candidato presidencial podría haber impulsado cambios en la estrategia financiera seguida hasta ese momento, al ser evidente que, si no le inyectan más dinero a las campañas en todos los niveles, además de la debacle electoral, se comprometería la viabilidad política de ese partido.
Ante eso se especula que el ciberataque dirigido a las aplicaciones o plataformas de algunas instituciones financieras, las cuales se conectan al Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), y que derivó en el robo de al menos 300 millones de pesos, podría constituir una nueva estafa maestra, que tendría como objetivo inmediato aumentar la liquidez de las campañas priistas.
Lo anterior con base en las opiniones de expertos en estos temas, después de comparar este ciberataque con los ocurridos en Rusia, Ucrania y otros países europeos (6 millones de dólares), Blangadesh (81 millones de dólares) y Ecuador (12 millones de dólares).
Un punto coincidente son las órdenes que los hackers envían desde los bancos afectados para mover dinero a cuentas falsas en otras entidades bancarias. Sin embargo, los tiempos de ejecución, los montos operados y la mecánica seguida a partir de su transferencia inicial se apartan de lo acostumbrado por verdaderos ciberdelincuentes, quienes requieren de varias semanas a efecto de infectar la red, monitorizar actividades, tomar control de las aplicaciones, como el sistema de mensajería a cargo de la Sociedad para las Telecomunicaciones Financieras Interbancarias Mundiales o SWIFT, ordenar pagos internacionales en escalas casi imperceptibles e inflar cuentas, para finalmente dispersar el dinero robado antes de sustraerlo, todo ello con la clara intención de borrar huellas, ocultar acciones y aprovecharse del silencio bancario, pues estas instituciones pierden más haciendo público el robo que si se lo callan y cobran el seguro correspondiente.
En el caso de México, la operación fue extremadamente rápida, con montos muy elevados y detectables a grado tal que ralentizaron de manera notoria el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (lo que obligó al Banco de México a denunciar el hecho), montos depositados en cuentas de un mismo banco (BBVA Bancomer) y retiradas en efectivo en docenas de sucursales, en un lapso muy corto de tiempo, lo que hace pensar a las autoridades responsables de la investigación que los hackers recibieron ayuda desde adentro de los bancos y que había extremada urgencia para poder disponer de los recursos (quedan pocos días de campaña y las encuestas no cambian).
Abona a la especulación el pánico creciente en el sector bancario por el inminente triunfo de Andrés Manuel López Obrador y las declaraciones del presidente del Banco de México, en el sentido de que los bancos cuentan con seguros que cubren justamente los ataques cibernéticos, por lo que finalmente no tendrán pérdidas. Las autoridades bancarias y ministeriales, pero también la prensa independiente, tienen entonces ante sí uno de los mayores retos en su historia y, como tal, deberán abordar todas las líneas de investigación posibles para aclarar sin lugar a dudas a dónde fueron a parar los recursos obtenidos ilícitamente. No sería la primera vez que la realidad supera a la ficción y menos en México. Recordemos tan solo el caso del software israelí utilizado por el gobierno federal y algunos gobiernos locales, como el de Moreno Valle, para espiar tanto a los adversarios como a los de casa. Lo digo sin acritud, ¡pero lo digo!
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