Cuando la periodista y escritora Anabel Hernández describe en su libro “La historia secreta” el financiamiento del crimen organizado a las campañas presidenciales, la pregunta es si esto también ha ocurrido en el proceso electoral del estado.
No pasó mucho tiempo para tener una pista de la respuesta al aparecer varias mantas colocadas en la ciudad de Tehuacán.
El presunto grupo delictivo reclamó al alcalde de Morena-PT y candidato a la reelección, Pedro Tepole Hernández, le regrese $1.5 millones que aportaron a su campaña en 2021.
La aparición de estas mantas atribuidas a la delincuencia, firmadas por el grupo criminal ‘La Nueva Línea de Guerrero’, solo confirma interviene en el proceso electoral, y este año lo ha convertido en el más violento.
A diferencia del caso Tania N., la priista candidata suplente a una diputación, ni la Secretaría de Seguridad Pública ni la Fiscalía General del Estado intervienen o investigan los presuntos nexos de Tepole con el crimen organizado, un secreto a voces en Tehuacán desde que éste asumió el cargo.
Otra de las acusaciones graves del crimen organizado contra el alcalde que busca reelegirse bajo las siglas del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) - aliado de Morena- es que ordenó el asesinato del periodista Marco Aurelio Ramírez Hernández, ocurrido el 23 de mayo de 2023.
La familia del periodista asesinado, hecho por el cual hay dos personas detenidas y procesadas, hizo un llamado a no politizar lo ocurrido, y deja a los encargados de procurar justicia indaguen los señalamientos contra Tepole, pero se oponen a ensuciar el juicio contra los responsables.
Postulado por Morena y el PT en 2021, desde la llegada de Pedro Tepole Hernández como presidente municipal, los grupos delictivos se multiplicaron y diversificaron sus actividades ilícitas.
Durante las dos administraciones estatales correspondiente al periodo constitucional de seis años, ignoraron las constantes denuncias de la sociedad civil respecto a los crecientes actos delictivos en Tehuacán, al amparo omiso y cómplice del edil morenista Tepole Hernández.
“Regrésame el millón y medio que invertí(;) (¿) te acuerdas del dinero que invertimos en tu campaña pasada(?) [...] y metiste a la gente de tu compadre y a mi me metiste al bote [...] pues ya salí y ahora vamos a entrar (,) quieras o no vamos a limpiar toda tu mierda)”, se leía en las amenazas a Tepole colocadas en un puente peatonal y frente al Palacio Municipal.
“Vamos por ti y todas tus ratas”, le advierte el grupo delictivo al candidato del PVEM Pedro Tepole, quien arrancó campaña en el evento principal junto con el candidato a gobernador, la candidata a diputada federal Rosario Orozco, a la abandera a la diputación local, Araceli Celestino y a la dirigente estatal de Morena, Olga Lucía Romero, quien tiene a un hijo en la planilla al Cabildo.
El equipo de campaña de Armenta debería cuidar a su candidato a la gubernatura, porque es esas fotografías levantándole la mano a Pedro Tepole en el evento de campaña en Tehuacán, pueden ser un lastre político y de imagen, solo por referirse a Tepole.
Pero hay más personajes impresentables como es el otro caso de Juan Navarro, en Ciudad Serdán, un priista preso por corrupción, ahora postulado por Morena a la alcaldía a la que le generó daño patrimonial, y que utilizó para abrirle las puertas al crimen organizado en ese municipio y en la región.
Como ocurre en Tehuacán, en Ciudad Serdán y en Quecholac, hay otros municipios donde intervienen de manera directa grupos delictivos con la postulación de candidatos propios mediante el pago a partidos políticos oficialistas y opositores (PVEM, Panal, PT, PSI…)
Antecedes de esta relación de la delincuencia con los gobernantes no es nueva, existió en autos en investigaciones ministeriales contra los entonces alcaldes de Palmar de Bravo y San Antonio Atzizintla.
El edil de Palmar de Bravo, Pablo Morales Ugalde, fue detenido en un operativo de la Marina y la PGR por su presunta participación en el robo de combustible a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
Otro de los detenidos por sus vínculos con bandas de huachiocoleros fue el munícipe José Isaías Velázquez Reyes, de Atzizintla, a quien se le culpa de la ejecución de tres agentes de la Policía Ministerial especializados en la investigación de secuestros.
Solo de esta manera se puede entender la violencia electoral con el asesinato del candidato de Morena a alcalde en Acatzingo, Jaime González Pérez; el atentado al abanderado del PRD en Ajalpan, Mario Franco Barbosa; así como las amenazas y atentados a otros candidatos.
A pesar de estos antecedentes y hechos de la intervención de la delincuencia en el sector público y en las estructuras partidistas y de poder en el estado, impera la indolencia oficial, pero los hechos explican el por qué.
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