Un muerto, cinco atentados y 30 agresiones contra candidatos y aspirantes a cargos de elección popular, es el botón de muestra, sin precedentes, de la violencia en el proceso electoral de Puebla.
El último caso de violencia en campañas, hasta el momento en el proceso electoral, fue el atentado perpetrado contra el abanderado de Movimiento Ciudadano, Juan Sandoval.
Tehuacán es una de las ciudades bajo el dominio de células del crimen organizado, una de éstas con reclamos al actual alcalde y candidato a la reelección, Pedro Tepole Hernández, de devolver 1.5 mdp que le dio para su campaña en 2011, y acusado de proteger a otro grupo delictivo.
Justo en esta ciudad, en un domicilio particular en la junta auxiliar de San Lorenzo Teotipilco, un grupo armado ingreso disparando para robar presuntamente 500 mil pesos, dinero que se utilizaba para la compra de votos e favor del PVEM que postula al actual edil, cometiéndose un doble ilícito, el atraco y la compra de votos.
Como ocurre en la vida “cotidiana” de violencia delictiva en el estado, la violencia generada por la delincuencia rebasó a los tres órdenes de gobierno y se ha inmiscuido en el proceso electoral local.
Por omisión gubernamental involuntaria o premeditada, las autoridades no solo dejaron actuar a los grupos delictivos para intimidar a los candidatos a los cargos de elección popular.
Lo más grave es que de manera deliberada las autoridades desactivaron labores de inteligencia para detectar el flujo de financiamiento ilícitos en las pre campañas y campañas, así como ubicar la infiltración de la delincuencia en los partidos políticos donde impusieron a candidatos propios.
Nadie en su sano juicio, incluidas las omisas y abyectas autoridades locales electoral del IEE, pueden presumir de unas elecciones en paz y con normalidad democrática, en la medida que el proceso electoral estuvo manchado de sangre por la violencia electoral.
Si las campañas electorales locales estuvieron bajo el acoso y los balazos de la delincuencia, así como la comisión de otros actos ilícitos, la jornada comicial del 2 de junio difícilmente estará exenta de la violencia, que fue el signo de las elecciones locales y federales.
En lo que va del proceso electoral en marcha en México, se ha registrado el asesinato de, al menos, 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular.
De acuerdo con el recuento de actos de violencia ocurridos en lo que va del proceso electoral en marcha realizado por la consultora Integralia, las entidades con más aspirantes o candidatos asesinados son Chiapas, con ocho, Guerrero, con seis y Michoacán, con cuatro.
Las estadísticas de la consultora indican que al 26 de mayo y de cara a las elecciones del 2 de junio, se habían registrado 316 agresiones que habían derivado en 749 víctimas de agresiones contra actores políticos (incluidos 231 asesinatos).
Contabilizan asesinatos, atentados con armas de fuego, amenazas, secuestros, desapariciones y otras formas de violencia de alto impacto en contra de funcionarios o exfuncionarios, políticos o expolíticos, aspirantes, familiares de dichos actores y víctimas colaterales.
Esa cifra de víctimas representa un incremento de 150.5% si se compara con las 299 registradas durante el proceso electoral 2020-2021. En el proceso 2017-2018 fueron 24.
Las entidades con más víctimas de agresiones contra aspirantes o candidaturas son Puebla, con 30, Chiapas, con 33 y Guerrero con 33.
Las entidades con más políticos muertos de manera violenta en este periodo son Chiapas, con ocho; Guerrero, con seis y Michoacán, con cuatro, según el recuento de Integralia.
En lo que va del proceso electoral en marcha en México, se ha registrado el asesinato de, al menos, 34 candidatos o aspirantes a puestos de elección popular.
Este ambiente y entorno de violencia en el país solo puede ser vencido con la asistencia de los ciudadanos en las urnas para defender la democracia electoral, y cada votante podrá hacer su evaluación de la situación actual, y del estado y país que quiere.
X@pabl_ruiz
Face: Pablo Ruiz Meza
E-mail: pabloruiz91516@gmail.com
