Los asesinatos de los hermanos Moro, ocurridos en febrero de 1922, llenaron una época de la historia poblana en la que una sociedad enardecida clamó justicia. El “Tigre” Camarillo y sus oficiales los habían masacrado cruelmente delante de sus familiares y de la población horrorizada, y cuyas balas homicidas tuvieron resonancia nacional.
El gobierno del general José María Sánchez cayó, falsos culpables pretendieron burlar la justicia, la reconstrucción de los hechos constituyó diligencias jamás vistas en la ciudad y la ley fuga se anticipó a la pena de muerte que había sido dictada después de un espectacular proceso.
Esta es la segunda parte de la serie de reportajes retrospectivos titulados “El crimen del siglo en Puebla”, publicados en abril de 1954 por este diario.
“Golpe” político en San Marcos
Días después del encuentro que la comisión poblana había sostenido en la Ciudad de México con el general Plutarco Elías Calles cuando este le ordenó al gobernador José María Sánchez aprehender a Arturo Camarillo y a todos los involucrados en los asesinatos, los diputados del bloque “Independiente” se reunieron en la estación de San Marcos, cercana a la ciudad, y desaforaron al general José María Sánchez.
Sucedió el 27 de febrero de 1922, trece días después de los asesinatos. Por decreto del XXV Congreso Constitucional del Estado declararon gobernador interino al profesor y periodista Froylán C. Manjarrez, quien rindió protesta el día 2 de marzo a las doce horas.
La legislatura que derrocó al gobierno de Sánchez fue encabezada por el hermano de los difuntos, Antonio Moro, y Gonzalo Bautista. El general José María Sánchez abandonó Puebla y los asesinos de los hermanos Moro quedaron en manos de la justicia.
Falsos culpables
Los criminales intentaron cubrir los asesinatos de los Moro convenciendo a dos personas ajenas para que se echaran la responsabilidad sobre los hombros: Félix Alonso, hermano del diputado Tranquilino, y Porfirio Mancilla, quien en vida mantuvo una estrecha amistad con él difunto.
El mismo día de los trágicos sucesos firmaron un acta en la que confesaron haber sido ellos quienes dispararon sobre los hermanos Fernando y Alfonso.
Los oficiales Nicanor Mendicutti y Jaime Méndez habían sido quienes le propusieron a Mancilla y Alonso que se prestaran a asumir toda la responsabilidad de los asesinatos. Pero los careos a los que fueron sometidos, pusieron en evidencia que la trama pretendía distraer y burlar a la justicia.
Diligencia jamás vista
El sábado 22 de abril se llevó a cabo la reconstrucción de los hechos, una diligencia jamás vista en Puebla, tanto por la miles de personas que fueron a presenciarla y porque los reos fueron trasladados mediante un fuerte dispositivo de seguridad.
Desde las ocho de la mañana los curiosos abarrotaron las calles cercanas a donde se registró la muerte de Fernando Moro, hasta en las azoteas había personas. En la calle 7 Sur solo quedó el personal del juzgado, del Ministerio Público, los médicos legistas, los peritos, así como el inspector de la policía con un grupo de agentes y altos rangos militares.
Los reos hicieron su entrada pasadas las once horas custodiados por las fuerzas del 49 regimiento y ante una muchedumbre inquieta que entre silbidos gritaba: ¡Mátenlos! ¡Asesinos! ¡Señor Juez, dicte la pena de muerte!
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El primero de la fila era el coronel Miguel Ortega, se veía pálido y muerto de miedo por los gritos de la multitud. Entre treinta hombres le seguía los pasos el general Camarillo, sonriente y desafiante. Tras él venía Mendicutti, en mitad de siete hombres de infantería y cuatro de caballería. Treinta minutos después arribaron Porfirio Mancilla y Félix Alonso.
Los testigos fueron identificando uno a uno a los victimarios: El padre de las víctimas, Antonio Moro, su hija Esperanza, los vecinos que presenciaron la masacre, la sirvienta que le abrió la puerta a Camarillo, los Escobar, periodistas y otras personas.
Cuando llegó el momento de reconstruir las muertes, los peritos balistas puntualizaron con exactitud dónde y en qué forma fueron muertos los Moro.
Al concluir la reconstrucción de hechos la comitiva emprendió el camino de regreso a la cárcel entre un pueblo enfurecido que se desbordaba de maldiciones y que en más de una ocasión estuvo a punto de linchar a Camarillo, salió ileso gracias a la intervención de las fuerzas federales.
Pena de muerte
El jueves 26 de junio de 1923 dio inicio el juicio oral contra Arturo Camarillo y sus secuaces.
El edificio de San Pantaleón ubicado en la 5 Oriente 9, esquina 2 Sur, en ese momento era Palacio de Justicia, se convirtió de la noche a la mañana en una fortaleza por la gran cantidad de soldados que resguardaban a los reos de cualquier ataque inesperado o intento de fuga. Días antes, miles de personas habían solicitado boleto para asistir al juicio.
La sociedad poblana había seguido paso a paso el proceso y la actuación del agente del Ministerio Público, Daniel Zacaúla, y del Juez Segundo de los Criminal, Francisco Espinosa, conquistó la admiración general por su inquebrantable espíritu de justicia.
Después de días y horas en las que las pruebas se fueron consumiendo y las conclusiones fueron dictadas, a finales de octubre del mismo año el agente Zacaúla asentó:
“En nombre de la ley, pido que, declarando en definitiva que Arturo Camarillo es criminalmente responsable como autor de los delitos de homicidio calificado, perpetrados en las personas de los hermanos Fernando y Alfonso Moro, se le imponga la pena de muerte”.
La misma sentencia pidió para Julio Sánchez, Miguel Ortega, Nicanor Mendicutti y Ángel Carpinteiro. Para los responsables del encubrimiento Alfredo Ortega Martínez, Félix Alonso y Porfirio Mancilla, solicitó la pena de cárcel correspondiente, igual que para Leoncio Cabañas, sobre quien recayó el delito de homicidio por culpa.
Un espectacular proceso
Miles de personas se apostaron en el salón donde se cerraba el último acto del juicio oral instituido contra los asesinos de los hermanos Moro. Centenares más, se agolparon afuera del Palacio de Justicia.
Para evitar un linchamiento público, de forma discreta Camarillo fue trasladado en automóvil acompañado de un celador. Ciento veinte soldados y la policía montada escoltaron a Miguel Ortega y Julio Sánchez, y cuarenta hombres condujeron a Ángel Carpinteiro, Nicanor Mendicutti y Porfirio Mancilla.
No menos de tres mil personas se preparaban para escuchar la sentencia para los reos.
El viernes 14 de diciembre los victimarios de los hermanos Moro: Arturo Camarillo, Miguel Ortega, Julio Sánchez, Nicanor Mendicutti y Ángel Carpinteiro, fueron señalados en la parte resolutiva del juicio:
“Responsables como autores del delito intencional de homicidio calificado perpetrado en esta ciudad la tarde del 14 de febrero de 1922…Se le impone la pena capital”, detalla la publicación, misma que refiere que a Félix Alonso, Porfirio Mancilla, Alfredo Martínez y Leoncio Cabañas, relacionados con el doble homicidio, fueron sancionados con el arresto mayor, cuya reclusión no excedía a diez meses.
Los reos abandonaron el salón custodiados por una escolta que los llevó a la Penitenciaría del Estado, lugar donde unos purgarían su condena y los otros esperarían el resultado de las gestiones por evitar la pena capital, porque los sentenciados no creían que esta se pudiera ejecutar.
En ese momento se vivía una rebelión en el país en contra del general Álvaro Obregón, quien era Presidente de la República y quería imponer a Plutarco Elías Calles como su sucesor. Adolfo de la Huerta desconoció el régimen y fuertes contingentes se lanzaron a la revuelta.
La ley fuga se anticipa
Puebla fue ocupada por las tropas del general Antonio Villarreal y la mayoría de los funcionarios públicos dejaron la ciudad, pero miembros de la Cruz Roja y de la sociedad impidieron que las cárceles quedaran sin vigilancia.
Los asesinos de los hermanos Moro confiaban que si el triunfo de las armas favorecía a los obregonistas obtendrían su libertad al combatir para los delahuertistas.
La noche del martes 18, un grupo de individuos con aspecto de militares se presentó en la penitenciaría. Uno de ellos solicitó al subdirector, Ventura Luján, la entrega inmediata de los reos Arturo Camarillo, Miguel Ortega y Julio Sánchez. Recibió una negación rotunda, por lo que sacó su pistola y apuntó al pecho de Luján quien hizo entrega de los presos ante tan contundente argumento.
“Camarillo, Ortega y Sánchez se colocaron en silencio en medio del pelotón. El general había perdido todo su aire fresco y clavaba la vista en el suelo; Ortega densamente pálido, arrastraba las piernas al andar; Sánchez no escondía el profundo terror que le invadía. Su rostro Moreno se había tornado blanco y volvía los ojos suplicantes a los soldados, a punto de soltar llanto”, se lee.
Los custodios y sus presos marcharon por la calle 11 Sur-Norte hasta la Estación del Ferrocarril Interocéanico, en donde los reos pasaron a un segundo pelotón que siguió su camino hacia el norte.
“El rancho de San Miguel se divisaba a lo lejos cuando se dio el alto. Violentamente se formó el cuadro. ¡Fuego! Ordenó una voz. Varias descargas sucedieron, Camarillo, Ortega y Sánchez se desplomaron sin vida. La ´ley fuga´ se había anticipado a la justicia”, enfatiza la nota.
Eran las dos de la madrugada cuando el pelotón se retiró, refiere la publicación, y agrega que, a las ocho de la mañana el comisario de la policía ya tenía conocimiento de los hechos y ordenó traer los restos de los asesinos siguiendo el mismo camino que el 14 de febrero de 1923 siguió el cadáver de Alfonso Moro.
Mientras tanto, a pocos kilómetros de la ciudad, obregonistas y delahuertistas entablaron una feroz batalla por la posesión de Puebla.
