/ viernes 3 de diciembre de 2021

Cabildo aprueba reformar cobro de alumbrado público; incrementaría costo de luz

El monto del pago de recibo de luz aumentaría en viviendas de 1 a 5 pesos, mientras que en los negocios sería de 15 a 120 pesos

El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó replantear el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para que los ciudadanos aporten una parte del monto que se eroga a Comisión Federal de Electricidad. De ser avalado en el Congreso del Estado, las viviendas aportarían de 1 a 5 pesos y los negocios de entre 15 y 120 en sus recibos bimestrales de luz.

Durante sesión de cabildo, se votó a favor de que este nuevo dictamen se turne al Congreso local para que sea analizado, esto pese a que los regidores de Morena, Elisa Molina, Ernesto Aguilar, Carmen María Palma, Ana Laura Escobar, Leobardo Rodríguez y Ángel Rivera no estuvieron de acuerdo.


En ese sentido, Rodríguez Juárez, puntualizó que este proyecto contiene variables subjetivas que pueden derivar en la inequidad, así como no hay transparencia hacia los ciudadanos. Por tanto, esto afectará a los bolsillos de los poblanos, quienes no distinguirán en derecho o impuesto, sino en la disminución de sus ingresos.

A su vez, la regidora Susana Riestra Piña acotó que los argumentos de la fracción de Morena son incongruentes, pues en su momento cobraron dicho derecho y aun con ello no mejoraron la luminaria. De igual forma no hicieron nada por cambiar las leyes de ingresos, lo cual denota que su participación se trata de un oportunismo político.

Por su parte, Ana María Jiménez, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda puntualizó que no se trata de un nuevo impuesto, pues se ha pagado desde por lo menos 10 años atrás y es un hecho constitucional, pues la SCJN ha determinado como inconstitucional fijar como base para la cuantificación del pago el consumo energía eléctrica, mientras que con esta iniciativa se busca que se pague sobre el mantenimiento que realiza el municipio.

Se realizará la modificación en el artículo 240 al 243 del Código Fiscal y Presupuestario del municipio de Puebla para recaudar mayores recursos. En el caso del artículo 240 se solicita el cobro de una prestación y no de energía eléctrica; en el 241 se establece que a quién se le cobrará serán las personas físicas y morales, además de que el artículo 242 la base se genera para servicio alambrado público y el artículo 243 la forma del pago que será bimestral y por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El DAP es el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público, sin embargo, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es un impuesto “disfrazado” de derecho y no un pago en retribución, ya que la instancia que brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad y no los ayuntamientos.

Desde años atrás el DAP ha sido cobrado, pues es un monto que se paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales.

Este mecanismo de cobranza se deriva de convenios celebrados entre la CFE y los municipios, pero fue en diciembre de 2020, cuando el Congreso del Estado retiró este concepto de la Ley de Ingresos 2021, por lo que en este año no se ha cobrado.

Ante esto, lo que ha buscado el Ayuntamiento de Puebla es cambiar la fórmula del pago, en la que se especifique que se trata del regreso de los recursos que se invierten por dar mantenimiento a la red eléctrica, en la que gastan alrededor de 300 millones de pesos al año.

Por tanto, es que a través de un pago en la Tesorería Municipal o un monto adicional que iría incluido en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es como podrían recaudar este ingreso que esperan sea de al menos 149 millones de pesos.

De acuerdo con la tesorera María Isabel García Ramos solo se cambiarían las fórmulas del Código Fiscal del municipio de Puebla, en las que se establecerán ciertas medidas conforme a las viviendas o condominios, así como comercios e industrias.

Según los datos que ella ha externado el grueso de la población que corresponde al 85 por ciento pagan por este concepto entre cuatro y 15 pesos bimestrales, mientras que el resto de los 15 hasta los 120 pesos, por lo que se aumentaría un cinco por ciento y no sería una tarifa elevada.

SE VIOLA EL DERECHO ADQUIRIDO

En tanto, Rubén Alberto Curiel Tejeda, abogado y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana puntualizó que se violaría el derecho adquirido de los ciudadanos, pues por un año este rubro no se vio reflejado en su recibo de luz.

Y aunque dijo que habrá quienes no se den cuenta de que se les vuelve a cobrar, otros más podrían proceder de manera legal y ampararse alegando que es un concepto que es inconstitucional según la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, agregó que es un derecho humano que compete al gobierno, pues la ciudadanía ya paga el servicio, por lo que la autoridad “podrá cambiar el rubro”, pero los particulares buscarán que no se viole ese derecho.

“Ya se adquirió el derecho al no pago, eso genera que, aunque sea un año, los particulares tienen ese derecho, aunque se haya cobrado toda la vida y no se haya dicho nada, al momento en que se genera este derecho ya se puede exigir…. la Suprema Corte no admite ningún tipo de resolución si no hay atrás un juicio de amparo”.



El Cabildo del Ayuntamiento de Puebla aprobó replantear el cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) para que los ciudadanos aporten una parte del monto que se eroga a Comisión Federal de Electricidad. De ser avalado en el Congreso del Estado, las viviendas aportarían de 1 a 5 pesos y los negocios de entre 15 y 120 en sus recibos bimestrales de luz.

Durante sesión de cabildo, se votó a favor de que este nuevo dictamen se turne al Congreso local para que sea analizado, esto pese a que los regidores de Morena, Elisa Molina, Ernesto Aguilar, Carmen María Palma, Ana Laura Escobar, Leobardo Rodríguez y Ángel Rivera no estuvieron de acuerdo.


En ese sentido, Rodríguez Juárez, puntualizó que este proyecto contiene variables subjetivas que pueden derivar en la inequidad, así como no hay transparencia hacia los ciudadanos. Por tanto, esto afectará a los bolsillos de los poblanos, quienes no distinguirán en derecho o impuesto, sino en la disminución de sus ingresos.

A su vez, la regidora Susana Riestra Piña acotó que los argumentos de la fracción de Morena son incongruentes, pues en su momento cobraron dicho derecho y aun con ello no mejoraron la luminaria. De igual forma no hicieron nada por cambiar las leyes de ingresos, lo cual denota que su participación se trata de un oportunismo político.

Por su parte, Ana María Jiménez, presidenta de la Comisión de Patrimonio y Hacienda puntualizó que no se trata de un nuevo impuesto, pues se ha pagado desde por lo menos 10 años atrás y es un hecho constitucional, pues la SCJN ha determinado como inconstitucional fijar como base para la cuantificación del pago el consumo energía eléctrica, mientras que con esta iniciativa se busca que se pague sobre el mantenimiento que realiza el municipio.

Se realizará la modificación en el artículo 240 al 243 del Código Fiscal y Presupuestario del municipio de Puebla para recaudar mayores recursos. En el caso del artículo 240 se solicita el cobro de una prestación y no de energía eléctrica; en el 241 se establece que a quién se le cobrará serán las personas físicas y morales, además de que el artículo 242 la base se genera para servicio alambrado público y el artículo 243 la forma del pago que será bimestral y por parte de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

El DAP es el cobro por la prestación del servicio de alumbrado público, sin embargo, de acuerdo con la Suprema Corte de Justicia de la Nación, esto es un impuesto “disfrazado” de derecho y no un pago en retribución, ya que la instancia que brinda el servicio eléctrico es la Comisión Federal de Electricidad y no los ayuntamientos.

Desde años atrás el DAP ha sido cobrado, pues es un monto que se paga a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que aparece en la factura de los usuarios de energía eléctrica, lo cual le facilita la recaudación de las administraciones municipales.

Este mecanismo de cobranza se deriva de convenios celebrados entre la CFE y los municipios, pero fue en diciembre de 2020, cuando el Congreso del Estado retiró este concepto de la Ley de Ingresos 2021, por lo que en este año no se ha cobrado.

Ante esto, lo que ha buscado el Ayuntamiento de Puebla es cambiar la fórmula del pago, en la que se especifique que se trata del regreso de los recursos que se invierten por dar mantenimiento a la red eléctrica, en la que gastan alrededor de 300 millones de pesos al año.

Por tanto, es que a través de un pago en la Tesorería Municipal o un monto adicional que iría incluido en el recibo de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) es como podrían recaudar este ingreso que esperan sea de al menos 149 millones de pesos.

De acuerdo con la tesorera María Isabel García Ramos solo se cambiarían las fórmulas del Código Fiscal del municipio de Puebla, en las que se establecerán ciertas medidas conforme a las viviendas o condominios, así como comercios e industrias.

Según los datos que ella ha externado el grueso de la población que corresponde al 85 por ciento pagan por este concepto entre cuatro y 15 pesos bimestrales, mientras que el resto de los 15 hasta los 120 pesos, por lo que se aumentaría un cinco por ciento y no sería una tarifa elevada.

SE VIOLA EL DERECHO ADQUIRIDO

En tanto, Rubén Alberto Curiel Tejeda, abogado y coordinador de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana puntualizó que se violaría el derecho adquirido de los ciudadanos, pues por un año este rubro no se vio reflejado en su recibo de luz.

Y aunque dijo que habrá quienes no se den cuenta de que se les vuelve a cobrar, otros más podrían proceder de manera legal y ampararse alegando que es un concepto que es inconstitucional según la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Por ello, agregó que es un derecho humano que compete al gobierno, pues la ciudadanía ya paga el servicio, por lo que la autoridad “podrá cambiar el rubro”, pero los particulares buscarán que no se viole ese derecho.

“Ya se adquirió el derecho al no pago, eso genera que, aunque sea un año, los particulares tienen ese derecho, aunque se haya cobrado toda la vida y no se haya dicho nada, al momento en que se genera este derecho ya se puede exigir…. la Suprema Corte no admite ningún tipo de resolución si no hay atrás un juicio de amparo”.



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