La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Congreso del Estado de Chiapas y el Ayuntamiento de San Cristóbal de las Casas han sido omisos e irresponsables ante las exigencias de la comunidad indígena tsotsil de La Candelaria, ya que no ha sido reconocido su modelo de gobierno comunitario.
Lo anterior acusaron Joaquín Sánchez Cedillo, responsables de Proyectos de la Clínica Minerva Calderón, y Daniela Itzel Jiménez Cortés, responsable de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales del mismo organismo, perteneciente a la Universidad Iberoamericana Puebla.
Con sede en este espacio, informaron que, ante la omisión de estos tres poderes de gobierno, la casa de estudios emprendió un acompañamiento para esta comunidad y han acudido ante las instancias judiciales pertinentes para dar efectivo cumplimiento a sus derechos, lo que ha implicado un camino lleno de complejidades y retos.
El acceso a la educación básica de calidad, a vialidades y carreteras dignas, al agua potable y a la seguridad, son solo algunas de las muchas demandas que el gobierno chiapaneco no ha atendido, y que los propios habitantes de La Candelaria resuelven a través de su autogestión.
Además, deben sortear la falta de recursos económicos que deberían provenir del presupuesto público, por esta razón, urge su reconocimiento.
En este sentido, Daniela Jiménez expuso que, desde el inicio de este acompañamiento, los académicos que están involucrados se han tenido que enfrentar a diversos escenarios jurídicos y políticos.
“De respetarse su autonomía, la comunidad de Chiapas puede convertirse en la punta de lanza para el reconocimiento de los gobiernos indígenas como el cuarto poder de México”, afirmó.
La Candelaria, ubicada en el Municipio de San Cristóbal de las Casas, en noviembre de 2021 determinó, mediante asamblea comunitaria, la creación del jLumaltik Candelaria (gobierno comunitario). Desde ese momento, ha emprendido acciones legales de gran escala para ejercer su legítimo derecho a la autodeterminación.
