La Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) de Morena confirmó la suspensión temporal de la secretaria de Finanzas del Comité Ejecutivo Estatal en Puebla, María Isabel Lugo Chávez, por presuntas irregularidades como desvío de recursos y trabajar en el Ayuntamiento como analista consultiva.
El órgano interno de justicia encontró evidencia que presume posible negligencia y/o abandono de las tareas inherentes al cargo de la titular de la Secretaría de Finanzas, tales como una multa impuesta por el INE por irregularidades en el informe anual de ingresos y gastos de 2017, así como la falta de pago de diversos inmuebles como el ubicado en San Pedro Cholula.
El 20 de octubre, la comisión resolvió el recurso de revisión CNHJ-PUE-285-2020, presentado el 23 de junio de este año por Lugo Chávez en contra de las medidas cautelares dictadas el 18 de junio, las cuales consisten en la separación del cargo mientras se resuelve la queja promovida por Mario Bracamonte González, ex delegado en funciones de dirigente estatal.
Lo anterior se determinó luego que el 2 de octubre el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) revocó el acuerdo de la CNHJ y ordenó admitir, substanciar y resolver la impugnación de la secretaria de Finanzas.
En su momento, la militante acusó que la separación es ilegal, ya que viola los artículos 14 y 16 de la Constitución federal, por la indebida motivación y fundamentación, razón por la que se viola su derecho a la seguridad jurídica.
También pidió revocar la medida cautelar, al considerar que viola lo establecido en el artículo 20 constitucional, que consiste en la trasgresión al principio de presunción de inocencia, debido proceso, garantía de audiencia e igualdad.
María Isabel Lugo ofreció a la Comisión de Honestidad el listado de los representantes de los órganos directivos estatales de los partidos políticos ante el Instituto Electoral del Estado (IEE) y el acuerdo de admisión y medidas cautelares del 18 de junio dictado en el expediente CNHJ-PUE-285-2020, así como la captura de pantalla de recepción vía correo electrónico del mismo.
El órgano integrado por Héctor Díaz Polanco, Gabriela Rodríguez Ramírez y Adrián Arroyo Legaspi, determinó que la medida cautelar dictada a la militante de Morena no transgrede las reglas esenciales del procedimiento (debido proceso) tales como la presunción de inocencia y la garantía de audiencia.
“Esta comisión estima que los agravios hechos valer por la actora son infundados en virtud de que los fundamentos jurídicos asentados en el acuerdo de admisión de 18 de junio sí prevén la facultad de la comisión de imponer medidas cautelares, así como las de la naturaleza que se recurre”, resolvió.
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