El patronato que preside Horacio Magaña informó que ha quedado sin efectos el juicio de amparo que promovieron los “integrantes removidos” de la Fundación UDLAP, por lo que no hay excusa para retomar las actividades universitarias en el campus de Cholula; sin embargo, la fundación Mary Street Jenkins, es decir la otra parte en el conflicto, aseguró que esta información es falsa.
En el documento emitido por el patronato que dirige Magaña, se indica que la rectora de la Universidad de las Américas Puebla, Cecilia Anaya Berríos, se ha negado a retomar actividades en las instalaciones de la universidad argumentando que hay una orden de suspensión definitiva, sin embargo la misma “jamás se otorgó en esos términos”.
Asimismo añade que “el juicio de amparo se ha declarado ya improcedente. Con esta resolución, no queda ningún procedimiento administrativo o jurisdiccional que impida que las autoridades universitarias asuman la posesión, conducción y administración de la universidad”.
El patronato que tomó el control de las instalaciones el pasado 29 de junio señaló que Cecilia Anaya compareció el pasado 11 de febrero ante el juez segundo de lo civil del distrito judicial de Cholula para oponerse a asumir la posesión jurídica y material de la universidad bajo el argumento de la orden de suspensión, no obstante, una vez que concluyó la resolución del juicio de amparo reiteró el llamado para que se retomen actividades en el campus.
“Este patronato hace un nuevo llamado a la comunidad UDLAP para que se privilegie el interés superior de los estudiantes, así como los derechos de los académicos, investigadores y trabajadores”, señaló al tiempo de referir que los procedimientos legales deben seguir sin que afecten la vida de la universidad.
Dicho comunicado se difundió un día después de que la UDLAP y el Consorcio Universitario difundieron que esta semana los alumnos podrían retomar clases presenciales en las instalaciones de la IBERO, UPAEP, el Tecnológico de Monterrey, la Anáhuac y el resto de integrantes de la asociación, luego de más de siete meses en que el conflicto legal les ha impedido regresar a su campus.
La fundación Mary Street Jenkins, es decir la otra parte en el conflicto y a la que se hace alusión en el citado comunicado afirmó, a través de su cuenta de Twitter, que dicho documento es apócrifo.
