La diputada local del Partido Acción Nacional (PAN), Aurora Sierra Rodríguez, presentó una propuesta de reforma para destituir hasta por dos años a los servidores públicos que cometan el delito de violencia obstétrica contra las mujeres embarazadas.
Las agresiones de tipo obstétrico son aquellas en donde una mujer en periodo de gestación es víctima de maltrato a través de humillaciones o al ser lastimada psicológicamente y físicamente, de acuerdo con definiciones en internet.
La legisladora panista argumentó en su dictamen que es necesario atender los tipos de violencia que viven las mujeres en las diferentes etapas de su vida, por lo que, es importante poner atención cuando se encuentran embarazadas, ya que debería ser un periodo en el que pueden disfrutar del crecimiento de sus bebés.
Sin embargo, asentó que un grupo de mujeres son víctimas de discursos o señalamientos negativos cuando van al médico o durante el parto, lo que ocasiona que se sientan mal por decidir tener al bebé.
“La violencia que sufren diariamente millones de mujeres suele aumentar durante el periodo de gestación y este tipo de agresión repercute no solo en las mujeres, sino también en los recién nacidos”.
Ejemplificó que, la violencia obstetricia puede verse reflejada al realizar un procedimiento sin el consentimiento de la madre, humillarla con las declaraciones o ignorar su dolor previo a dar a luz.
Ante esto, presentó la propuesta para reformar el artículo 356 bis del Código Penal del Estado de Puebla en el que actualmente especifica que cometen el delito los paramédicos, enfermeras o administrativos de las instituciones públicas o privadas que denigren a la mujer.
Aclaró que, en caso de que el agresor o agresora fuera servidor público, será destituido e inhabilitado hasta por un periodo de dos años para ejercer otro empleo o cargo.
“Si el sujeto activo del delito fuere servidor público, además de las penas señaladas se le impondrá destitución e inhabilitación, hasta por dos años, para ejercer otro empleo, cargo o comisión públicos”.
La propuesta fue recibida por la Mesa Directiva y turnada a la Comisión de Procuración y Administración de Justicia para su estudio y análisis.
