Una semana después del atentado perpetrado contra María del Rayo Mendoza Farfán, directora del Centro de Readaptación Social de San Miguel, aún no hay detenidos, no obstante, la servidora pública, tras haber resultado ilesa, ha reforzado su seguridad incluso al interior del reclusorio ubicado en el Camino al Batán.
➡️ Únete al canal de El Sol de Puebla en WhatsApp y accede a la información más importante
Fuentes cercanas al caso dieron a conocer que ante presuntas omisiones en el protocolo de seguridad que se debía seguro para salvaguardar la integridad de la encargada del Cereso, ya también se analiza si el director General de Coordinación Interinstitucional y Protección a Funcionarios, Álvaro Márquez Salazar y el director de Protección a Funcionarios, Mario Ayala López, incurrieron en alguna falta.
Ante la agresión presuntamente orquestada por un sujeto apodado “El Kruger” y el supuesto líder narcomenudista identificado como “El Chupón”, quien controla el mercado Unión y sus alrededores, hoy, a la seguridad de María del Rayo Mendoza Farfán se ha unido agentes ministeriales.
Se espera que pronto las autoridades ministeriales avancen con las indagatorias del caso y detengan a los culpables.
En tanto, la servidora pública contra quien incluso ya había amenazas y diversas quejas, decidió continuar al frente del penal de San Miguel.
Fue la noche del pasado 6 de marzo, cuando dos sujetos en motocicleta dispararon en al menos diez ocasiones contra la camioneta gris Tahoe, blindada, en la que viajaba María del Rayo, sobre Periférico Ecológico a la altura del Complejo Metropolitano de Seguridad Pública (C5).
El blindaje de la unidad y la reacción de sus escoltas evitaron que los sicarios lograran su cometido.
Lo anterior se dio tan solo unos días después de que en el puente del Periférico Ecológico y la intersección de la Prolongación de la 14 Sur, apareciera una manta con amenazas dirigidas hacia Mendoza Farfán, y de que se ordenara el derrumbe de las casetas ubicadas frente al penal, luego de que la mayoría de ellas fueran aseguradas por más de un año ante la presunta comisión de delitos.
Y es que se presume que en algunas de ellas, los presuntos narcomenudistas antes citados, movían su droga viéndose afectados sus negocios.