En la Secretaría de Educación y particularmente en la Dirección de Profesiones, alguien no debe estar “carburando” bien, ya que suspender los trámites de titulación que afecta a unos 3 mil egresados de al menos 60 instituciones particulares, podría traducirse en el mismo número de amparos y eso no sería una acción que le agrade al titular de la dependencia, ni mucho menos a quién está en el top de la administración pública.
De acuerdo a la denuncia de la Asociación de Universidades e Instituciones de Educación Media Superior y Superior (AUIEMSS), al menos 3 mil egresados de carreras del área de la salud enfrentan el riesgo de perder su empleo, luego de que la SEP en Puebla suspendió los trámites de titulación apelando a criterios de artículos de una legislación del año 1982.
En días recientes, el 4 de mayo, la misma asociación que preside Gustavo Santín Nieto presentó una solicitud al director de Profesiones para pedir un diálogo y así abordar el tema. Mientras tanto el coordinador de comunicaciones y relaciones públicas de la AUIEMSS, Germán Molina dijo que pese a la petición no hay ninguna respuesta a la solicitud.
En esencia la suspensión de los trámites de titulación y de obtención de cédula profesional tiene como idea central hacer que los egresados vuelvan a cursar algunas materias o bien, tomar 6 meses más de servicio social pese a que hayan cumplido con ese requisito.
Lo que pareciera ser una vacilada, en realidad estaría generando un problema a los jóvenes profesionistas porque muchos de ellos ya presentaron su examen profesional y además trabajan, por lo que tal circunstancia les impediría cursar materias o realizar servicio social –otra vez- y además pone en riesgo sus empleos.
Los jóvenes y las instituciones educativas que no ven avance en el diálogo para solucionar el atropello, ha tenido que explorar soluciones y ello ha llevado a los involucrados a interponer los amparos legales que correspondan pero también han acudido a la intervención de la Comisión de Derechos Humanos del Estado para que intervenga.
Y es que si de origen ya había un retraso en los procesos de expedición de títulos profesionales, ahora con la determinación de la SEP a través de la Dirección de Profesiones al no facilitar el trámite, la dependencia les cierra a los jóvenes las oportunidades de obtener o conservar un empleo.
En suma, todo lo anteriormente expuesto se trataría de una violación al interés superior del estudiante y de sus derechos humanos, no solo por atentar contra la educación, sino porque se le está condenando a los profesionistas a perder sus trabajos.
Germán Molina, quien es doctor en Derecho y además es director del ICI Puebla e integrante de AUIEMSS, anticipó que se avecina un número importante de amparos que la SEP y sus abogados tendrán que litigar en breve.
Por si fuera poco este caso de los egresados del área de la salud del que solo se tiene registrado en Puebla, los titulares, rectores, directivos y dueños de universidades pronto deberán de tramitar el RVOE y ahí advierten nuevas complicaciones y peros de parte de las autoridades y ello tarde o temprano afectará al alumnado universitario.
Pronto se sabrá cuál será el desenlace de tal caso, mientras tanto el secretario de Educación debería atenderlo antes de irse de vacaciones con motivo de la proximidad de conclusión del ciclo escolar.
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