Allá en las oficinas del Comité Ejecutivo Nacional del PRI parecen alinearse los astros a favor de la diputada federal Blanca Alcalá Ruiz, quien, en el próximo proceso electoral, podría ver materializadas sus nuevas aspiraciones políticas.
Alcalá, que ha sido legisladora en todas las vías posibles y presidenta municipal de Puebla, ha confesado en público y en privado la intención de incorporarse a la boleta electoral en calidad de candidata al senado de la República, y tiene amplias posibilidades de lograrlo.
Como siempre en política, esto dependerá del acomodo de condiciones y circunstancias, y de que se conforme el tablero electoral de acuerdo a los planes que tienen los dirigentes del PAN, el PRI y el PRD en su conjunto, para confirmar la eventual alianza opositora a Morena.
Una fuente relevante dentro del partido tricolor asegura que Alcalá es la primera opción del PRI para competir por el senado, incluso antes que el diputado local Jorge Estefan Chidiac, siempre y cuando se concrete la coalición y las candidaturas al gobierno del estado y la presidencia municipal de Puebla se queden en manos del PAN.
Como está previsto el escenario, la postulación a la gubernatura será para Eduardo Rivera Pérez y a la alcaldía de Puebla para Mario Riestra Piña, por lo que la primera fórmula de los dos candidatos que pelearán por el senado sería para el PRI.
Aquí es donde entra el nombre de Blanca Alcalá.
Por ahora, a poco más de un año de distancia de la contienda electoral, la legisladora cuenta con el visto bueno de Alejandro Moreno Cárdenas.
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Omar Álvarez Arronte ya ha hecho parte del trabajo encomendado al llegar a la Secretaría de Movilidad y Transporte.
El nuevo funcionario estatal, que llegó a la titularidad de esa dependencia a partir del arribo de Sergio Salomón Céspedes Peregrina a la oficina principal del Poder Ejecutivo, ha armado, según sus propias palabras, más de 50 mil expedientes que documentan las presuntas irregularidades cometidas por su antecesora en el cargo.
En efecto, se trata de un paquete de observaciones hechas contra la gestión de Elsa Bracamonte González, quien, en el menor de los casos, fue incapaz de obligar a los concesionarios del transporte público a realizar la prometida modernización y a frenar la explosión de las rutas pirata o ilegales que existen, principalmente, en la zona metropolitana.
Son irregularidades administrativas, pero esta característica no impedirá que Álvarez Arronte emprenda las denuncias correspondientes para que, en caso de tener razón y argumentos de prueba, se castigue a los culpables.
Esa es una de las características del nuevo secretario.
Para eso llegó ahí, para poner orden dentro y fuera.
Queda claro que estos meses le sirvieron para saber lo que ocurría en el interior de la dependencia.
Ahora habrá que ver si lo que hizo lo hizo bien, para proceder legalmente, hasta las últimas consecuencias.
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El presidente del Comité Directivo Estatal del PRD, Carlos Martínez Amador, no fue en el pasado uno de los diputados locales que avalaron la concesión de los servicios de agua potable y drenaje que otorgaba el Sapap en favor de una empresa privada.
Un par de entregas atrás se escribió en este espacio que el político nacido en Huauchinango había sido uno de ellos, de ese grupo de legisladores que, bajo las órdenes del entonces gobernador Rafael Moreno Valle, benefició a la empresa Concesiones Integrales con la entrega de los servicios y la facultad legal para cobrar por ellos.
Esto se dijo después de que el perredista hiciera declaraciones para proponer la eventual cancelación o modificación del contrato.
Martínez Amador fue diputado local hasta el periodo 2014-2018, cuando el Congreso del estado ya había votado a favor, en una legislatura previa.
No es incongruente entonces al meter en la agenda mediática, esta vez, una probable (y supuesta) reversión.
