Un nuevo terremoto sacudió a los poblanos este 19 de septiembre, aunque nada tuvo que ver con los movimientos de la tierra sino con un acontecimiento político que llegó por sorpresa dentro del conflicto poselectoral que se vive desde el mismo 1 de julio.
Cuando los integrantes de la clase política se encontraban a la expectativa del fallo que sigue pendiente en el Tribunal Electoral del Estado con relación a la solicitud de anulación de comicios realizada por Morena, la nota vino de otro lado.
Ayer mismo, cuando todavía no acababan las conmemoraciones a los caídos de los sismos de 1985 y 2017, los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resolvieron ordenar la reapertura de paquetes electorales de la contienda de la gubernatura en Puebla para volver a contar los votos.
En efecto, el clásico “voto por voto” y “casilla por casilla” aplicará para ratificar o echar abajo el triunfo de Martha Erika Alonso.
Este fallo no tiene relación con la solicitud de anulación de comicios.
Responde a una demanda de recuento que presentaron los partidos de la coalición Juntos Haremos Historia ante el tribunal federal después de que las autoridades del estado se negaran a la apertura de la paquetería.
El acontecimiento no significa necesariamente que Alonso vaya a perder la gubernatura, pero en un contexto de nuevo presidencialismo inclinado ahora en favor de Morena y dada la existencia de las irregularidades e inconsistencias enunciadas por los magistrados todo puede pasar.
Martha Erika Alonso respondió en redes sociales que este ejercicio de recuento le dará certeza a su triunfo y terminará con las acusaciones que hay en su contra, mientras que Luis Miguel Barbosa acusó que ni el recuento ofrece garantías, toda vez que la paquetería ha estado en manos del Instituto Electoral del Estado y, por tanto, ha podido ser manipulada al gusto.
La resolución, pues, aviva la hoguera, ya de por sí prendida ante la extensión de un conflicto poselectoral que parece no terminar.
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José Juan Espinosa Torres se perfila como el diputado local más influyente de la LX legislatura.
Vea los hechos.
Además de ser el legislador con mayor exposición mediática, lo cual se le da de manera natural y tiene que mucho que ver con sus pasos previos por el Congreso del Estado, quedó como presidente de la Mesa Directiva, vicepresidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales y presidente de la Comisión de la Inspectora de la Auditoría Superior del Estado.
Todas esas posiciones le sirven para estar metido en los principales asuntos de la legislatura, tanto los políticos como los que tienen que ver de manera exclusiva con reformas e iniciativas de ley.
Ya nada más falta que asuma o reciba un rol protagónico en el futuro inmediato como mandatario interino o candidato a un puesto de elección popular en caso de que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación anule los comicios de gobernador y ordene su reposición.
Seguro que eso ha pasado por la mente del diputado del PT.
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Rocío García Olmedo ha dado varios pasos adelante en el combate a la violencia política de género.
La diputada y coordinadora del grupo legislativo del PRI presentó un paquete de iniciativas para tipificar la violencia política de género y propuso sanciones que llegarían hasta seis años de prisión para los responsables del delito y la pérdida de registro de los partidos políticos que cometan estas prácticas.
Habrá que ver qué opinan sus compañeros de otras bancadas y si deciden entrarle al tema.
Lo interesante es que aún no se cumple ni una semana de que ha entrado en funciones la nueva legislatura y la diputada tricolor ya trae propuestas bajo el brazo.
Se puso a trabajar después de los comicios.
