Ahora queda claro: no todas las personas opinan lo mismo que el diputado Héctor Alonso Granados, que llamó hipócritas y mojigatas a las legisladoras que aprobaron una reforma legal para prohibir la publicidad sexista en el estado, que atente contra y denigre a la mujer.
Especialistas en materia de género consideraron la nueva ley como un paso a la reivindicación de la mujer como persona y una herramienta para combatir los estereotipos y la violencia en contra de ella.
En eso coincidieron Claudia Alonso González y Carmen García Aguilar.
La primera es académica del Instituto de Derechos Humanos “Ignacio Ellacuría”, de la Universidad Iberoamericana Puebla (Ibero Puebla), y la segunda, fundadora del Centro de Estudios de Género de la BUAP.
Ambas aplaudieron las reformas, pues consideraron que de ese modo no solo se cumple la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, sino a la demanda de muchos colectivos y organizaciones que consideran esta como una de las prácticas más frecuentes en perjuicio del sector femenino.
Duro y a la cabeza de personajes como Alonso Granados.
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Por cierto, el presidente de la junta de gobierno y coordinación política del Congreso y representante del grupo parlamentario de Morena, PT y PES, Gabriel Biestro Medinilla, le exigió una disculpa a Héctor Alonso, quien pertenece a ese grupo legislativo.
“Lo llamaría a que hiciera una disculpa pública por los señalamientos que hizo y que no es la primera vez que hace”, expuso en conferencia de prensa.
Recordó que ningún posicionamiento hecho en tribuna por los diputados se puede reconvenir o callar, sin embargo, destacó que él no comparte esas opiniones, y en contraparte las llamó machistas y retrógradas.
¿Qué hará Alonso después del llamado de su coordinador?
¿Se disculpará con las diputadas y en general con todas las mujeres del estado?
Hay que ver.
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Sin querer queriendo, la Procuraduría Federal del Consumidor podría ayudar al próximo gobernador del estado a recopilar elementos en contra de la concesión de los servicios de agua y alcantarillado que Rafael Moreno Valle le otorgó a la empresa Agua de Puebla.
El titular de ese organismo federal, Ricardo Sheffield Padilla, reveló que, en 2018, Agua de Puebla fue la empresa que más quejas y denuncias acumuló por parte de los consumidores poblanos.
En total, la firma beneficiada por el morenovallismo, que en realidad se llama Concesiones Integrales, sumó 237 quejas.
Tan relevante resulta el dato para el servidor público que él mismo pidió a los integrantes del Consejo Consultivo de Consumo averiguar qué pasa con el ente privado, pues incluso, subrayó, se podría iniciar una acción colectiva contra la firma.
Así lo dijo:
“Para mí fue importante descubrir que Concesiones Integrales de Puebla tiene 237 quejas y lidera las quejas en la oficina de Puebla. Anda pareciéndose a Quintana Roo, solo que Quintana Roo les gana en el número de quejas (…) ese es un tema que habría que analizar a fondo y a detalle el consejo de consumo y analizar qué está pasando”.
Lo dicho, si la empresa no corrige el origen de las demandas ciudadanas, esto podría ser el principio de su fin… en el contexto de un nuevo gobierno estatal.
