Los avances en materia de reconstrucción de inmuebles dañados o de plano destruidos por el sismo del 19 de septiembre de 2017 están peor de lo que se pensaba. No solo en Puebla, sino en todas las entidades que sufrieron afectaciones por el terremoto, pero los retrasos en nuestro estado son aún peores.
EL SOL DE PUEBLA publica a partir de este día una serie de investigaciones especiales que dan cuenta de las deficientes tareas de reconstrucción emprendidas tras el movimiento telúrico por las distintas dependencias de gobierno, tanto federales, como estatales y municipales.
En vivienda, escuelas y templos, los tres tipos de inmuebles que resultaron con la mayor cantidad de afectaciones por aquel terremoto, los avances son paupérrimos.
Muchos poblanos no recibieron el apoyo prometido y quienes sí lo hicieron, lo recibieron incompleto, insuficiente para restablecer su vida como la tenían hasta antes del 19 de septiembre de hace ya dos años.
El panorama fue exhibido además durante la conferencia mañanera del miércoles del presidente Andrés Manuel López Obrador.
A nivel nacional, el Plan de Reconstrucción por las afectaciones tiene un avance de apenas 30 por ciento.
Pero agárrese, ¡Puebla está peor!
El estado tiene un avance menor, de 20 por ciento, lo que el gobierno federal en funciones atribuye al proceso electoral extraordinario que sirvió para elegir gobernador.
Los comicios, según argumentaron los funcionarios que acompañaron al mandatario mexicano, frenaron los trabajos con el fin de no violar la normatividad electoral.
Como sea, 20 por ciento es prácticamente nada.
Además de corruptos, como acusó el gobernador Luis Miguel Barbosa hace una semana, los funcionarios encargados de la reconstrucción fueron lentos e ineficientes.
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Precisamente en temas de aparentes irregularidades cometidas en los procesos de reconstrucción post-sismo habló el ex secretario de Desarrollo Social en el gobierno de José Antonio Gali y ahora diputado local, Gerardo Islas Maldonado, quien fue uno de los muchos servidores públicos que en el pasado manejaron recursos para ayudar a los damnificados.
Islas se deslindó de las irregularidades en el manejo del dinero y culpó al gobierno federal y a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) por el retraso en la reconstrucción de 600 viviendas.
“Estas viviendas tuvieron que haber estado terminadas en enero de este año, pero hicimos un exhorto a través del Congreso porque Conavi suspendió los subsidios de más de 70 mil pesos por cada una de las 600 viviendas que faltan de terminarse”, comentó.
También quiso salpicar al gobierno del estado interino, pues dijo que desde el Poder Legislativo se etiquetaron 150 millones de pesos para labores de reconstrucción el 2019 que no sabe en qué se emplearon.
Muy apresurado el diputado para desmarcarse de las acusaciones del gobernador Barbosa.
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A propósito de temas relacionados con el Ejecutivo.
Miguel Barbosa puso en medio de la polémica sobre el destino de las notarías públicas obsequiadas por el ex gobernador Rafael Moreno Valle al titular de la Consejería Jurídica, Ricardo Velázquez Cruz.
Al mandatario le preguntaron los reporteros si sostendría audiencias con los fedatarios involucrados, a lo que respondió: “Yo no doy audiencias, no soy juez, ante quien tienen que comparecer es ante la Consejería Jurídica, la que tiene esa área y tiene todo ese avance”.
Ahí está depositada la compleja tarea jurídica.
