¿Los concesionarios del transporte público que han sido beneficiados con el alza del pasaje, en unos casos de 41 por ciento y en otros de 46, cumplirán en cuatro meses lo que no han podido en muchos años?
Es decir, ¿mejorarán la calidad del servicio, lo que pasará por renovar las condiciones de las unidades y capacitar a sus operadores para tener un trato respetuoso con la gente, y equiparán a los vehículos con las herramientas de seguridad que se les ha exigido desde el gobierno del estado?
Según el gobernador Luis Miguel Barbosa Huerta y el secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, los transportistas deberán mejorar las condiciones de seguridad en beneficio de los usuarios, lo que implica colocar GPS, cámaras de video vigilancia y botones de pánico en las unidades, a cambio del incremento que se confirmó este domingo y que será vigente a partir del próximo sábado.
El compromiso es hacer todas esas renovaciones en un plazo no mayor de cuatro meses, lo que significa que para el 12 de febrero del siguiente año ya se contará con vehículos de transporte urbano de pasajeros ciento por ciento equipados con tecnología de apoyo a la prevención y el combate a la delincuencia.
La gran duda tiene que ver con la respuesta de los concesionarios.
Tanto Barbosa como Aréchiga advirtieron que quien no cumpla será dado de baja del sistema de transporte público.
Habrá que esperar al término del plazo para ver qué ocurre, porque los dueños de las combis (que ahora son camionetas tipo van) y microbuses no se caracterizan por cumplirle al usuario.
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Un problema independiente del alza, pero relacionado también con el transporte público de la ciudad de Puebla, que debe corregirse, es el de la Red Urbana de Transporte Articulado (RUTA).
El mismo Luis Miguel Barbosa admitió que los concesionarios de este servicio, a diferencia de los transportistas regulares, tienen el enorme beneficio de recibir un incremento anual con base en la inflación y otras situaciones económicas y de costos.
El fallecido gobernador Rafael Moreno Valle garantizó a los dueños de las empresas beneficiadas en torno al mal llamado metrobús que recibirían un alza cada año, sin importar si los usuarios la pagaban o no.
Por supuesto, ese incremento lo acabó absorbiendo el gobierno del estado a través de un subsidio.
“Los aumentos ya los tienen firmados desde los contratos originales y ahí ni siquiera hay que negociar un contrato, ya está negociado, ya está pactado, depende de la inflación y una bola de cosas”, expuso el mandatario en funciones.
Esa es una situación irregular que además de dañar las arcas públicas define a transportistas de segunda y de primera. Unos tienen que esperar casi una década para lograr un aumento y otros lo poseen garantizado, ya en la bolsa.
Y pasa en Puebla.
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Ahora no fueron asociaciones de transportistas (de carga) quienes denunciaron los robos que sufren a diario en las carreteras del estado.
Esta vez fue la presidenta municipal de Tepexi de Rodríguez, Alondra Méndez Betancourt, quien narró las desagradables experiencias que sufren los dueños de las unidades en la carretera de Molcaxac a la Colorada, que los ha obligado a adoptar estrategias propias para tratar de evitar a la delincuencia.
