El día cero llegó.
Según el gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta, este día tendría que completarse la modernización de las unidades del transporte público de pasajeros que circulan por la entidad, como se acordó con los concesionarios al mismo tiempo que se les autorizó el alza del pasaje.
En efecto, fue el 12 de octubre cuando entró en vigor un incremento de tarifa superior de 40 por ciento, quedando en 8.50 pesos por pasajero, después de que había estado en seis pesos durante un largo periodo de casi nueve años.
Ese mes, el gobierno de Barbosa decidió decir que “sí” a la demanda de los transportistas, aun en contra de los intereses de los pasajeros, que sufrían (y sufren) la existencia de un servicio en malas, muy malas, condiciones.
Para justificar el incremento ante esos usuarios timados por los transportistas y gobiernos anteriores, en una extraña, pero entendible alianza de complicidad, la administración actual obligó a los dueños de las unidades a comprometerse no solo a mejorar las condiciones físicas de sus vehículos, sino a dotarlos de equipo de seguridad.
En medio de un ambiente de violencia e inseguridad, donde los microbuses y camiones del transporte público se volvieron uno de los blancos preferidos de los ladrones, el gobierno pidió a los concesionarios volverse corresponsables de la prevención de los delitos, y ellos aceptaron.
Tanto Barbosa como su secretario de Movilidad y Transporte, Guillermo Aréchiga Santamaría, dijeron entonces que daban cuatro meses a los concesionarios a partir de la entrada el vigor de la nueva tarifa.
El plazo se cumple hoy.
Estaremos atentos a lo que suceda.
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El diputado Gabriel Biestro Medinilla está empeñado en denunciar y sacar a la luz el presunto saqueo de las arcas públicas que se hizo en el pasado con los recursos de los poblanos.
Qué bueno que así sea.
Y luego de exhibir actos de corrupción y acusar a los corruptos, que los castigue.
El presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado, líder de la bancada de Morena, PT y PES y representante de los intereses políticos del gobernador Barbosa, anunció que será en el transcurso de este año cuando el Poder Legislativo muestre el uso electoral que hicieron gobiernos anteriores (todos panistas, por supuesto) de instituciones públicas, como las secretarías de Salud y Educación, así como organismos como el ISSSTEP y el DIF.
“Ya hablaremos con los documentos en la mano, pero eso es algo que se ha ido encontrando, el tema de la operación electoral en todas estas instituciones. Todo va a ir saliendo, este año va a salir muchísima información de todos los manejos que hicieron en educación, en salud, en el DIF, en el ISSSTEP, en todo eso van a empezar a salir”, sentenció Biestro.
Que así sea.
Los poblanos le agradecerán y le festejarán al primer gobierno de la 4T que investigue y castigue los actos de corrupción del pasado.
Y le reconocerán también que estos señalamientos estridentes no queden solo en acusaciones mediáticas sin sustento, como se suele hacer desde los gobiernos emanados de esa misma 4T.
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Arturo Hernández Davy dejó el PRI, para irse… al PT
El director del DIF estatal en el sexenio de Mario Marín Torres y luego en el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido fue presentado como la nueva carta de ese instituto político en el estado.
El movimiento sería intrascendente, pero no lo es tanto.
Aunque muy probablemente nadie en el tricolor lamente su salida, llega a uno de los tres partidos que formaron la coalición Juntos Haremos Historia, hoy en el poder.
