Frente a la resistencia de los comerciantes ambulantes del municipio de Puebla para acatar las restricciones del nuevo decreto en esta segunda fase de confinamiento generalizado, el ayuntamiento de Puebla ha determinado aplicar sanciones para ver si de esa manera se hace lo que se requiere por el bien de la salud de los poblanos: impedir las aglomeraciones en lugares públicos.
Hasta 10 mil pesos de multa y 36 horas de arresto serán aplicados en contra de aquellos informales que desobedezcan las órdenes emitidas por el gobierno del estado, que claramente dice que no pueden instalarse durante 14 días, del 29 de diciembre al 11 de enero, para detener la propagación del virus SARS-coV-2, que ha estado muy invasivo en la entidad a partir de que los poblanos se dieron vuelo con su positiva respuesta al Buen Fin.
Bien por las medidas, que fueron dadas a conocer este martes por el mismísimo secretario de Gobernación de la administración municipal.
El problema es que a los ambulantes poco les importó enfrentarse al riesgo de sufrir una multa de hasta 10 mil pesos y ser encerrados durante día y medio, y eso es muy fácil de comprender.
Saben que sin un ejército de supervisores municipales que los obliguen a cumplir las órdenes y a iniciar los procedimientos de sanción en contra de aquellos que no lo hagan, será imposible quitarlos de las calles y por tanto asumirán el riesgo de continuar sus ventas sin miedo alguno, como muchos de ellos lo hicieron ayer en el centro de la ciudad y en otras zonas del municipio.
Eso sin contar con que difícilmente actuarán en sentido contrario, es decir, dejarán la vía pública, después de poco más de dos años en los que se les ha tolerado “trabajar” sin obstáculos.
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Lo que ha vuelto a ser cerrado de manera total es el zócalo de la ciudad de Puebla.
Desde la noche del 28, trabajadores del ayuntamiento procedieron al bloqueo de los accesos, de manera que ni peatones ni automovilistas pudieran pasar por ahí hasta, por lo menos, el 11 de enero, fecha establecida en el decreto como el fin de las nuevas restricciones, impuestas en el contexto del rebrote de contagios.
El nuevo confinamiento abarca las ventas por fin de año y días de Reyes Magos, lo que lleva a pensar que habrá una fuerte resistencia tanto del comercio informal como el formal, e incluso de los propios compradores o clientes, para respetar todas sus directrices.
La necesidad de frenar la pandemia obliga, pese al disgusto de algunos.
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Un estimado de 2 mil 500 empleados y sus familias, dependientes del sector restaurantero en el estado, no pasarán un feliz arranque de año nuevo esta semana, toda vez que se encuentran entre las víctimas laborales y económicas del confinamiento al que ha convocado la administración estatal después de que, principalmente en las últimas dos semanas, se registrara un incremento alarmante de contagios por coronavirus.
Olga Méndez Juárez, presidenta de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera y de Alimentos Condimentados en Puebla, Canirac, expuso que, desde este martes 29 de diciembre, cuando comenzó a correr el nuevo confinamiento de dos semanas, al menos 270 establecimientos adheridos a la cámara, entre taquerías, loncherías y cocinas económicas, tuvieron que cerrar sus puertas para atender las características del decreto gubernamental.
Eso, abundó la representante de los empresarios dedicados a la venta de comida preparada, representará la pérdida de empleo para 2 mil 500 personas, lo que se traducirá en una mala noticia y un duro golpe económico para igual número de familias poblanas.
Así continúan los efectos de la pandemia, a un año de su aparición.
Y esto solo en el sector de los alimentos preparados.
