/ jueves 31 de mayo de 2018

Instituciones y sociedad vs inseguridad

La inseguridad continúa siendo un tema de preocupación entre la sociedad y es un problema que se ha convertido en uno de los más críticos. Este martes, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal reconoció que 2017 registró un crecimiento en diversas regiones del país en los índices delictivos de alto impacto, es decir, los que se cometen con violencia.

Como contexto tenemos que diversas organizaciones del sector privado y la sociedad civil han manifestado sus opiniones sobre el agravamiento de delitos que se cometen con violencia. La mayoría de estos (alrededor del 90%) son del fuero común, lo que nos refleja que autoridades municipales y estatales requieren de coordinación no solo con instancias federales sino apoyo de la sociedad misma.

Se trata también, como lo señalan las autoridades de seguridad federal, de un problema generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales de distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal.

Es significativo que el gobierno federal reconozca con sensibilidad las expresiones sociales sobre este problema, pero más importante su llamado a todos los sectores sociales para trabajar juntos en contra de un problema que afecta profundamente a la sociedad mexicana.

Sin embargo, muchas personas se preguntan de qué manera puede ayudar la sociedad. Debemos considerar que estamos viviendo cierta diversificación de actividades delincuenciales. Aquí en Puebla lo vemos con el llamado huachicoleo, en entidades del sur como Veracruz, Chiapas o en el norte del país se registra con mayor frecuencia el asalto a trenes de carga.

Estas actividades las realizan organizaciones criminales con la manipulación de gente, en ocasiones con la participación forzada, ya sea para obstaculizar la acción de las autoridades cuando extraen ilegalmente combustible, o para obstruir y descarrilar trenes para después saquearlos.

En un Estado de Derecho como el nuestro, es claro que la autoridad es la que debe detectar, detener y castigar a las organizaciones criminales que incitan a este tipo de delitos. Pero está en la propia sociedad aportar su granito de arena con la denuncia y el aislamiento de aquellos grupos delictivos. Parece algo muy aventurado o que pone en riesgo a las personas en sus mismas comunidades.

Lo cierto es que mientras más conciencia haya en contra del delito y la violencia, la incidencia puede ser menor en favor de la paz y tranquilidad.

En este sentido, la sociedad no está sola. Se trata de una tarea que involucra a todos por igual. Al Gobierno Federal para ejercer su autoridad y utilizar con eficacia y prontitud las fuerzas de seguridad e inteligencia; al poder legislativo para resolver temas fundamentales en materia de estructura orgánica de policías municipales y estatales, así como delinear los límites de la participación de fuerzas militares y navales a favor de la seguridad pública.


Por lo tanto, para tranquilidad de todos, la seguridad es un reto para poderes constitucionales, autoridades federales, estatales y municipales así como para la sociedad en su conjunto.

La inseguridad continúa siendo un tema de preocupación entre la sociedad y es un problema que se ha convertido en uno de los más críticos. Este martes, la Secretaría de Gobernación del Gobierno Federal reconoció que 2017 registró un crecimiento en diversas regiones del país en los índices delictivos de alto impacto, es decir, los que se cometen con violencia.

Como contexto tenemos que diversas organizaciones del sector privado y la sociedad civil han manifestado sus opiniones sobre el agravamiento de delitos que se cometen con violencia. La mayoría de estos (alrededor del 90%) son del fuero común, lo que nos refleja que autoridades municipales y estatales requieren de coordinación no solo con instancias federales sino apoyo de la sociedad misma.

Se trata también, como lo señalan las autoridades de seguridad federal, de un problema generado en un contexto de debilitamiento de algunas estructuras institucionales de distintos niveles de gobierno, sean municipales, estatales o incluso federal.

Es significativo que el gobierno federal reconozca con sensibilidad las expresiones sociales sobre este problema, pero más importante su llamado a todos los sectores sociales para trabajar juntos en contra de un problema que afecta profundamente a la sociedad mexicana.

Sin embargo, muchas personas se preguntan de qué manera puede ayudar la sociedad. Debemos considerar que estamos viviendo cierta diversificación de actividades delincuenciales. Aquí en Puebla lo vemos con el llamado huachicoleo, en entidades del sur como Veracruz, Chiapas o en el norte del país se registra con mayor frecuencia el asalto a trenes de carga.

Estas actividades las realizan organizaciones criminales con la manipulación de gente, en ocasiones con la participación forzada, ya sea para obstaculizar la acción de las autoridades cuando extraen ilegalmente combustible, o para obstruir y descarrilar trenes para después saquearlos.

En un Estado de Derecho como el nuestro, es claro que la autoridad es la que debe detectar, detener y castigar a las organizaciones criminales que incitan a este tipo de delitos. Pero está en la propia sociedad aportar su granito de arena con la denuncia y el aislamiento de aquellos grupos delictivos. Parece algo muy aventurado o que pone en riesgo a las personas en sus mismas comunidades.

Lo cierto es que mientras más conciencia haya en contra del delito y la violencia, la incidencia puede ser menor en favor de la paz y tranquilidad.

En este sentido, la sociedad no está sola. Se trata de una tarea que involucra a todos por igual. Al Gobierno Federal para ejercer su autoridad y utilizar con eficacia y prontitud las fuerzas de seguridad e inteligencia; al poder legislativo para resolver temas fundamentales en materia de estructura orgánica de policías municipales y estatales, así como delinear los límites de la participación de fuerzas militares y navales a favor de la seguridad pública.


Por lo tanto, para tranquilidad de todos, la seguridad es un reto para poderes constitucionales, autoridades federales, estatales y municipales así como para la sociedad en su conjunto.