/ domingo 4 de febrero de 2024

Monopolio de la desigualdad: decisión política.

El pasado 23 de enero, Oxfam México publicó “El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual.” Como parte del movimiento global que trabaja en 80 países con la finalidad de “poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad”, la organización expone la desigualdad en México como un problema endémico, que no deja de aumentar, frente a la acumulación de fortuna de Carlos Slim, aún más que la suma de la riqueza de los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos, que lo posiciona como el hombre más rico de la región.

Nicolás Maquiavelo planteó la relación que existe entre el poder político y el poder económico de acuerdo a las experiencias como diplomático en la élite política del siglo XVI, la clase noble. El dinero fluía como algo totalmente natural al ejercicio del poder, los que dirigían el destino del pueblo, una cuestión incluso indiscutible en la decadencia del feudalismo. Después llegó la Modernidad y el Liberalismo que desemboca en Democracia con representación popular para legislar y para gobernar, administrar, trabajos para lo que el pago no es discusión. La relación del dinero y el poder así, se ve justificada; digamos que la discusión estaría en los montos. Es el caso de la consejera presidenta del INE que no va a renunciar a su bono extraordinario de 325 mil pesos porque gana menos que el presidente, que fue autorizado por “altas cargas de trabajo” (Infobae, 01/02/2024).

Sin embargo, los otros actores dentro del sistema político de que se trate, no solo están inmersos en un sistema económico, están sujetos. Es el caso de los que se benefician del poder para seguir acumulando riqueza y los políticos gobernantes que han renunciado a legislar o imponerles cotos para impedirlo. El informe Oxfam México sustenta cómo las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar precios en los principales sectores de la economía nacional, en detrimento de la economía del resto de la población, “beneficiándose de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas”.

La acumulación de la riqueza hace prácticamente imposible que la desigualdad se retraiga. La organización hace mención de un informe “Desigualdad extrema en México” escrito en 2015 por Gerardo Esquivel, y desde entonces la distribución del ingreso no ha mejorado; más de ocho de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional se concentran en apenas 14 ultrarricos y sus familias. Este fenómeno se profundizó en 2021 y 2022, en pandemia: “La fortuna de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de la región y del país (… y la de Slim, conjuntas), han crecido en 70% en poco menos de cuatro años, con lo que la suma de ambas es hoy equivalente a la riqueza total en manos de la mitad más pobre de América Latina y el Caribe, cerca de 334 millones de personas” (Oxfam México, 202024: 4).

Las políticas sociales y salarial en México han posibilitado que se mejore la distribución del ingreso, la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional de 41.9% a 36.3% (2018-2022), pero no es suficiente, porque las reglas del juego económico las siguen rigiendo los ultrarricos, mientras que más de 9 millones de personas no saben si van a comer al día siguiente, según el informe. El Estado requiere implementar más decisiones políticas para regular la economía, porque la economía también es política.

Por lo pronto, el paquete de iniciativas de reformas constitucionales que presidencia enviará al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero, son reforma electoral, reforma al Poder Judicial, de pensiones, al Salario Mínimo, Reforma eléctrica, Guardia Nacional, entre otras, pero no hay una que esté relacionada con regular pagar menos por lo que consumimos, beneficios a trabajadores independientes y MIPYMES o que pague más quien más contamine, propuestas que dan para políticas públicas de fomento al desarrollo real, sin paliativos populistas.


*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com

El pasado 23 de enero, Oxfam México publicó “El monopolio de la desigualdad. Cómo la concentración del poder corporativo lleva a un México más desigual.” Como parte del movimiento global que trabaja en 80 países con la finalidad de “poner fin a la injusticia de la pobreza y acabar con la desigualdad”, la organización expone la desigualdad en México como un problema endémico, que no deja de aumentar, frente a la acumulación de fortuna de Carlos Slim, aún más que la suma de la riqueza de los otros 13 ultrarricos mexicanos juntos, que lo posiciona como el hombre más rico de la región.

Nicolás Maquiavelo planteó la relación que existe entre el poder político y el poder económico de acuerdo a las experiencias como diplomático en la élite política del siglo XVI, la clase noble. El dinero fluía como algo totalmente natural al ejercicio del poder, los que dirigían el destino del pueblo, una cuestión incluso indiscutible en la decadencia del feudalismo. Después llegó la Modernidad y el Liberalismo que desemboca en Democracia con representación popular para legislar y para gobernar, administrar, trabajos para lo que el pago no es discusión. La relación del dinero y el poder así, se ve justificada; digamos que la discusión estaría en los montos. Es el caso de la consejera presidenta del INE que no va a renunciar a su bono extraordinario de 325 mil pesos porque gana menos que el presidente, que fue autorizado por “altas cargas de trabajo” (Infobae, 01/02/2024).

Sin embargo, los otros actores dentro del sistema político de que se trate, no solo están inmersos en un sistema económico, están sujetos. Es el caso de los que se benefician del poder para seguir acumulando riqueza y los políticos gobernantes que han renunciado a legislar o imponerles cotos para impedirlo. El informe Oxfam México sustenta cómo las grandes empresas con poder monopólico tienen la capacidad de fijar precios en los principales sectores de la economía nacional, en detrimento de la economía del resto de la población, “beneficiándose de múltiples privatizaciones, concesiones y permisos que les ha otorgado el gobierno mexicano en las últimas décadas”.

La acumulación de la riqueza hace prácticamente imposible que la desigualdad se retraiga. La organización hace mención de un informe “Desigualdad extrema en México” escrito en 2015 por Gerardo Esquivel, y desde entonces la distribución del ingreso no ha mejorado; más de ocho de cada 100 pesos de la riqueza privada nacional se concentran en apenas 14 ultrarricos y sus familias. Este fenómeno se profundizó en 2021 y 2022, en pandemia: “La fortuna de Germán Larrea, el segundo hombre más rico de la región y del país (… y la de Slim, conjuntas), han crecido en 70% en poco menos de cuatro años, con lo que la suma de ambas es hoy equivalente a la riqueza total en manos de la mitad más pobre de América Latina y el Caribe, cerca de 334 millones de personas” (Oxfam México, 202024: 4).

Las políticas sociales y salarial en México han posibilitado que se mejore la distribución del ingreso, la proporción de la población en situación de pobreza multidimensional de 41.9% a 36.3% (2018-2022), pero no es suficiente, porque las reglas del juego económico las siguen rigiendo los ultrarricos, mientras que más de 9 millones de personas no saben si van a comer al día siguiente, según el informe. El Estado requiere implementar más decisiones políticas para regular la economía, porque la economía también es política.

Por lo pronto, el paquete de iniciativas de reformas constitucionales que presidencia enviará al Congreso de la Unión el próximo 5 de febrero, son reforma electoral, reforma al Poder Judicial, de pensiones, al Salario Mínimo, Reforma eléctrica, Guardia Nacional, entre otras, pero no hay una que esté relacionada con regular pagar menos por lo que consumimos, beneficios a trabajadores independientes y MIPYMES o que pague más quien más contamine, propuestas que dan para políticas públicas de fomento al desarrollo real, sin paliativos populistas.


*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP y secretaria de Membresías. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com