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Dos funcionarios del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) fueron vinculados a proceso por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas, ligado al proyecto denominado “Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla”.
Mediante un comunicado de prensa la Fiscalía General del Estado (FGE) dio a conocer lo anterior y agregó que se trata de José Guadalupe N y Antonio N, ambos investigados por el mencionado delito.
La dependencia tomó conocimiento que José Guadalupe N, encargado de la Dirección Administrativa del Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y Antonio N, director Jurídico del CAPCEE, suscribieron contratos sin la autorización previa de la Junta de Gobierno.
Aunado a lo anterior, detalló la Fiscalía, se detectaron irregularidades en la celebración de contratos que suscribieron los servidores públicos en el proyecto denominado “Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla”. Tras agotar diversas líneas de investigación, la FGE solicitó y obtuvo orden de aprehensión contra los imputados, misma que fue ejecutada el pasado 6 de julio por agentes investigadores.
Con la exposición de elementos probatorios a cargo de la Fiscalía Especializada de Combate a la Corrupción, la autoridad judicial determinó vincular a proceso a José Guadalupe N y Antonio N por el mencionado delito.
¿En qué consistía el proyecto “Desarrollo Turístico Ferroviario Museo del Ferrocarril-Cholula en Puebla”?
Fue a inicios de la actual administración, es decir, a finales del 2019 cuando el gobernador del estado de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, denunció varias irregularidades por parte del CAPCEE, ejemplificó con la construcción del Tren Turístico Puebla–Cholula, pues explicó que se había construido a través de los recursos de este organismo, cuando no tenía nada que ver con las actividades educativas.
Incluso en aquel entonces, comentó que iba a analizar su desaparición porque varios ex funcionarios se habían hecho millonarios a través de este Comité. “Va desaparecer el CAPCEE porque ahí hubo una bola de irregularidades, hasta ser utilizado para construir obras de infraestructura que nada tienen que ver con la cuestión educativa como el tren turístico, por ejemplo, entre otros casos que desde ahí se construyeron y que nada tiene que ver con educación, puros casos de corrupción”, declaró.
En octubre del 2020 Miguel Barbosa dijo que se había registrado un fraude en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos (CAPCEE) y que dicho organismo había desviado alrededor de 173 millones de pesos para la supuesta construcción de 163 escuelas que nunca se edificaron.
Aseguró que dicho fraude se cometió cuando Jorge Benito Cruz Bermúdez era el titular del Comité, no obstante, señaló que los recursos no se quedaron únicamente en este organismo, debido a que los recursos llegaban a los altos funcionarios del gobierno morenovallista.
Posteriormente Benito Cruz, quien en ese entonces era magistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) presentó su renuncia con carácter de irrevocable y el Congreso local avaló su renuncia.
Para marzo de este año, el gobernador confirmó que había varias denuncias en contra del exmagistrado del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) Jorge Benito Cruz Bermúdez por supuestas irregularidades cometidas en el Comité Administrador Poblano para la Construcción de Espacios Educativos. Al tiempo, dijo que “nadie se escaparía de la ley”.
“Hoy hay muchas denuncias en contra del ex magistrado, sí, hay muchas denuncias porque se investigan posibles, presuntos, comportamientos ilegales en diferentes cargos que tuvo, entre ellos el CAPCEE, también en otros cargos que tuvo, porque tuvo muchos. Sí hay denuncias, diversas, en proceso de integración”, comentó en aquella ocasión.
Barbosa Huerta, afirmó que su administración actuaba para limpiar la vida pública de los gobiernos a fin de que la ley siga siendo la base para conducir a una sociedad. En este punto, dijo que no tenía caso que se escondieran los funcionarios que cometieron ilícitos y pidió que se pusieran a disposición de las autoridad para darle la cara a la ley.
