/ lunes 21 de septiembre de 2020

Las redes sociales y la violencia impune

“Hay un ser humano detrás de cada tweet, blog y correo electrónico. Recuérdalo.”

Chris Brogan




En el 2020 “9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a redes sociales”, Brasil ocupa el primer lugar en Latinoamérica y México el segundo lugar con el mayor número de personas que ingresan a las diferentes redes sociales, de acuerdo al reporte “Estado Social Media América Latina”.


En cuanto a las plataformas con más usuarios en México, Facebook es el indiscutible ganador con 84.9 millones de perfiles, de los cuales 43.2 millones son mujeres y 41.7 millones son hombres. En un lejano segundo lugar se encuentra Instagram con 29.5 millones y muy lejos Twitter con 9.4 millones de usuarios.


La era digital llegó para quedarse, precipitada por el confinamiento de la crisis del COVID19, nos obligó a cambiar la dinámica de la vida presencial a una vida virtual, donde el papel de las redes sociales de por si importante, se hizo aún más relevante.


Con esta nueva realidad virtual llegaron nuevos derechos, como el de la información, acceso al internet, intimidad, seguridad digital, protección de datos personales, etc y con ellos, nuevas obligaciones que no están reguladas en nuestro país, por lo que se vuelve un paraíso para delinquir desde el anonimato.


Si bien las redes sociales han servido para fines loables, porque facilitan el activismo de personas desconocidas interconectadas en diferentes partes del país o del mundo, para que puedan organizarse de manera rápida y eficiente por una causa justa. A su vez, permiten la intromisión en la vida personal además de la posibilidad de acosar, insultar o amenazar a una persona sin ningún tipo de consecuencia.


Según la psicología social, el anonimato desindividualiza, es decir, detrás de un pseudónimo en redes sociales o un encapuchado en una manifestación, la violencia y agresividad se incrementan, ya que no hay responsabilidad jurídica ni social por lo que se comportan de formas que no lo harían de manera presencial o plenamente identificados.


A falta de estado de derecho, donde la impunidad es casi absoluta en México: 99 de cada 100 delitos quedan sin castigo, de acuerdo a cifras de la Organización Impunidad Cero, las redes sociales se han erigido en tribunales impartidores de justicia para castigar a todo aquel que sea grabado en flagrancia, a veces cometiendo una falta administrativa, un delito, o bien un error, que si no fuera por las redes sociales hubiese pasado desapercibido.


Y es que “Los linchamientos en redes sociales alteran la compasión por el otro…No se está creando la compasión necesaria que los procesos humanos, los errores, las disculpas humanas requieren” de acuerdo a la publicista Ana María Olabuenga, ya que para el infractor no hay manera de saldar su deuda con la sociedad y las repercusiones en su vida personal pueden ser tan graves como la pérdida del empleo, el escarnio público o hasta el suicidio.


Las disculpas no bastan y las turbas digitales no cesan hasta que su objetivo, a veces desproporcionado, se cumple. Casos recientes lo ilustran, como el del cierre de la concesionaria de la VW en Coyoacán, por la exhibición de un cuadro que parecía ser apología al régimen nazi, dejó sin empleo a 200 familias, que muy probablemente nada tenían que ver con dicho cuadro.


Gracias a las redes sociales, la conducta del sujeto videograbado es revivido las veces que el internauta decida en las distintas plataformas. Y si la acción en cuestión amerita cárcel, aún cumplida la condena, seguirá pagando su error indefinidamente asociado a su nombre en el internet.


En la Unión Europea y otros países que van a la vanguardia en la protección de los nuevos derechos digitales, existe el “derecho al olvido digital” para ciudadanos, no para funcionarios, como se presentó la iniciativa en el Senado mexicano.


Las buenas noticias son insuficientes en esta materia, como la aprobación de la Ley Olimpia, que sanciona a quien divulgue videos o fotografías de tipo sexual sin permiso de la persona afectada, sin embargo, la agenda de protección de derechos y obligaciones digitales es todavía utópica en Puebla y México. La realidad como siempre, nos alcanzó y rebasó.



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En el 2020 “9 de cada 10 mexicanos tienen acceso a redes sociales”, Brasil ocupa el primer lugar en Latinoamérica y México el segundo lugar con el mayor número de personas que ingresan a las diferentes redes sociales, de acuerdo al reporte “Estado Social Media América Latina”.


En cuanto a las plataformas con más usuarios en México, Facebook es el indiscutible ganador con 84.9 millones de perfiles, de los cuales 43.2 millones son mujeres y 41.7 millones son hombres. En un lejano segundo lugar se encuentra Instagram con 29.5 millones y muy lejos Twitter con 9.4 millones de usuarios.


La era digital llegó para quedarse, precipitada por el confinamiento de la crisis del COVID19, nos obligó a cambiar la dinámica de la vida presencial a una vida virtual, donde el papel de las redes sociales de por si importante, se hizo aún más relevante.


Con esta nueva realidad virtual llegaron nuevos derechos, como el de la información, acceso al internet, intimidad, seguridad digital, protección de datos personales, etc y con ellos, nuevas obligaciones que no están reguladas en nuestro país, por lo que se vuelve un paraíso para delinquir desde el anonimato.


Si bien las redes sociales han servido para fines loables, porque facilitan el activismo de personas desconocidas interconectadas en diferentes partes del país o del mundo, para que puedan organizarse de manera rápida y eficiente por una causa justa. A su vez, permiten la intromisión en la vida personal además de la posibilidad de acosar, insultar o amenazar a una persona sin ningún tipo de consecuencia.


Según la psicología social, el anonimato desindividualiza, es decir, detrás de un pseudónimo en redes sociales o un encapuchado en una manifestación, la violencia y agresividad se incrementan, ya que no hay responsabilidad jurídica ni social por lo que se comportan de formas que no lo harían de manera presencial o plenamente identificados.


A falta de estado de derecho, donde la impunidad es casi absoluta en México: 99 de cada 100 delitos quedan sin castigo, de acuerdo a cifras de la Organización Impunidad Cero, las redes sociales se han erigido en tribunales impartidores de justicia para castigar a todo aquel que sea grabado en flagrancia, a veces cometiendo una falta administrativa, un delito, o bien un error, que si no fuera por las redes sociales hubiese pasado desapercibido.


Y es que “Los linchamientos en redes sociales alteran la compasión por el otro…No se está creando la compasión necesaria que los procesos humanos, los errores, las disculpas humanas requieren” de acuerdo a la publicista Ana María Olabuenga, ya que para el infractor no hay manera de saldar su deuda con la sociedad y las repercusiones en su vida personal pueden ser tan graves como la pérdida del empleo, el escarnio público o hasta el suicidio.


Las disculpas no bastan y las turbas digitales no cesan hasta que su objetivo, a veces desproporcionado, se cumple. Casos recientes lo ilustran, como el del cierre de la concesionaria de la VW en Coyoacán, por la exhibición de un cuadro que parecía ser apología al régimen nazi, dejó sin empleo a 200 familias, que muy probablemente nada tenían que ver con dicho cuadro.


Gracias a las redes sociales, la conducta del sujeto videograbado es revivido las veces que el internauta decida en las distintas plataformas. Y si la acción en cuestión amerita cárcel, aún cumplida la condena, seguirá pagando su error indefinidamente asociado a su nombre en el internet.


En la Unión Europea y otros países que van a la vanguardia en la protección de los nuevos derechos digitales, existe el “derecho al olvido digital” para ciudadanos, no para funcionarios, como se presentó la iniciativa en el Senado mexicano.


Las buenas noticias son insuficientes en esta materia, como la aprobación de la Ley Olimpia, que sanciona a quien divulgue videos o fotografías de tipo sexual sin permiso de la persona afectada, sin embargo, la agenda de protección de derechos y obligaciones digitales es todavía utópica en Puebla y México. La realidad como siempre, nos alcanzó y rebasó.



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