Ha querido el destino que Baja California sea ya una entidad icónica en el país, al figurar como escenario de acontecimientos políticos inéditos y de enorme trascendencia nacional.
Fue ahí justamente donde se inició el proceso de alternancia partidista, cuando hace 30 años el PRI perdió por primera vez una gubernatura que de manera solvente ganaría en 1989 el panista Ernesto Ruffo Appel.
Ahí también ocurrió hace 20 años el asesinato del entonces candidato presidencial por el PRI, Luis Donaldo Colosio, durante un acto de su campaña proselitista celebrado en la colonia Lomas Taurinas de Tijuana.
Para bien o para mal, ambos eventos tuvieron y tienen una honda repercusión en la vida política nacional.
Y es ahí ahora, en Baja California, donde se produce un hecho político inconcebible, merecedor de los peores apelativos y que también pasará al registro histórico, luego que 21 diputados locales aprobaron la ampliación de 2 a 5 años el periodo de la gubernatura del recién electo Jaime Bonilla, emanado de Morena.
Para ese maligno propósito los legisladores celebraron una sesión extraordinaria a altas horas de la noche. Todo un madruguete constitucional con tufo de soborno, ya que fue el voto mayoritario del PAN y de los diputados del PRI los que hicieron posible consumar la maniobra. Se habla ya de un cañonazo de unos 5 millones de dólares.
Las reacciones han sido disímbolas.
Sorprende la que formuló la dirigente nacional de Morena, supuestamente el partido político que está promoviendo en el país el apego a la ley y la erradicación de la corrupción y la impunidad.
Yeidckol Polevnsky ha dicho que esa maniobra legislativa era algo que la ciudadanía de Baja California estaba pidiendo, ya que “la gente ya está harta de tanta elección”.
Por su parte, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha tratado de esquivar el tema, si bien expresó que si lo hubieran consultado, habría dicho que no se hiciera.
El primero en alzar la voz en tono reprobatorio fue Cuauhtémoc Cárdenas (a quien por cierto se le vio el pasado domingo degustando un platillo de mole poblano en una fonda del Centro Histórico).
El ingeniero, fundador del PRD y un ícono del movimiento de las izquierdas en el país, dijo que lo ocurrido “rompe el orden republicano, afecta la democracia y violenta el mandato que expresaron los bajacalifornianos en la elección del pasado 2 de junio”.
Aceptarlo, enfatizó, “sería un precedente muy grave para la democracia nacional, ya que no se pueden hacer leyes ni reformas que tengan nombre y apellido”.
Consideró además que lo más correcto sería que Jaime Bonilla haga una declaración pública donde garantice a la ciudadanía que será gobernador electo por dos años, y el segundo paso sería sacar del Congreso local a los diputados, al asegurar que es evidente que están comprados.
Otra postura discordante fue la de Porfirio Muñoz Ledo, quien ya ha acreditado que no tiene pelos en la lengua, incluso tratándose de sus correligionarios.
El ahora Presidente de la Cámara de Diputados federales planteó la posibilidad de desaparecer los poderes en California, según lo prevé la Constitución, con lo cual el gobernador electo quedaría inhabilitado, además de investigar los posibles pagos millonarios que se hicieron para ampliar el mandato de Bonilla.
A quienes también sorprendió la medida fue a las dirigencias nacionales de los partidos políticos PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, las que para resarcir el daño han ofrecido promover acciones de inconstitucionalidad, en cuyo caso tendría que intervenir la Suprema Corte de Justicia.
Dichas acciones también pueden impulsarlas otros actores, incluyendo al mismo Presidente de la República, y diferentes organismos de derechos humanos, en virtud de que también existió violación de garantías.
Debe acotarse que la reforma aprobada en lo oscurito rompe también con el principio de certeza, al violar los derechos político-electorales de los ciudadanos, que acudieron a las urnas a elegir a un gobernador por dos años, que ahora los diputados fronterizos convirtieron en cinco.
Estamos pues frente a un acto a todas luces ilegal e inmoral que no debería permitirse, menos aún en los nuevos tiempos que parecen campear en el escenario nacional.
No se trata de un asunto lejano, de la mera incumbencia de los bajacalifornianos. El tema es del ámbito y del interés nacional y por el bien de todos, ojala la reforma sea impugnada y que el final prevalezca la sensatez y la razón, pero sobre todo, la supremacía de la ley.
