Tuvieron que pasar casi seis años para que elementos de la Secretaría de Seguridad Pública se decidieran a protestar en contra del gobernador en turno. Aquella vez frente a los maltratos y despidos pretendidos en la administración de Rafael Moreno Valle Rosas; en esta ocasión frente a la promesa incumplida de aumento salarial y homologación de sueldos con los policías municipales en la administración de Luis Miguel Barbosa Huerta.
Las condiciones en las que trabajan, no de ahora,sino desde hace mucho tiempo, convierte a los policías en el eslabón más débil, castigado y corruptible del cada vez más peligroso entramado de inseguridad.
Por los hasta 7 mil 580 pesos mensuales que perciben desde hace dos años, los uniformados tienen que arriesgar la vida y combatir a una delincuencia organizada, mejor equipada y con la solvencia económica de amagar o corromper.
Lo más lógico para tener una base policial sólida y sin tentaciones de caer en la corrupción es un sueldo que ayude a sortear de mejor manera sus principales necesidades y de eso parecía estar consciente el gobernador quien el 6 de septiembre del año pasado apostó que los policías tenían que ganar por lo menos 50 por ciento más.
El asunto es que como todo político profesional dijo el qué, pero no estableció el cuándo.
Hoy en día, orillado por una protesta que le reventó justo a los 10 meses de su gobierno, se vio orillado a ofrecer un aumento del 14 por ciento, cantidad que si la vemos aisladamente pudiera significar un avance importante, pero a la luz del ofrecimiento y comparativamente con lo que ganan los policías municipales, sigue siendo muy castigado.
Fiel a la tentación que todo gobernante debe tener para aparentar una solución a los problemas, lo más sencillo de hacer resulta en desacreditar a quienes encabezan las revueltas y negociar con un grupo a modo, maleable o sobre el que se puede ejercer algún tipo de intimidación.
Aunque se habló de un acuerdo para incremento salarial con un grupo representativo del personal de seguridad, lo que se percibe en la dirección de la Policía Estatal es que sigue vigente el paro de uniformados y que ya amenaza con solicitar el apoyo de Antorcha Campesina o la 28 de Octubre, para cerrar calles.
El riesgo inmediato es que el Gobierno del Estado opte por cortar las cabezas de quienes buscan mejorar sus condiciones de trabajo bajo el esquema de la protesta o las marchas y siga el déficit de policías en un contexto donde ,teóricamente, ya asumieron el control de la seguridad en Puebla Capital.
Ya en el pasado reciente existieron amagos de que los policías contratados en la administración de José Antonio Gali Fayad sería despedidos, sin embargo, frente a la lentitud con la que se pueden ir incorporando nuevos elementos y el histórico déficit, nada se concretó.
Mientras tanto, a los ciudadanos nos queda rezar para que estos conflictos se solucionen a la brevedad y no vaya a ser que los frentes que queden abiertos los aproveche la delincuencia.
Hasta la próxima.
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