El homicidio del presidente municipal electo de Nopalucan y militante del Partido Verde Ecologista de México, Félix Aguilar Caballero, pone en el centro del debate varios elementos relacionados con la aplicación de la justicia, investigaciones ministeriales y nexos con el ayuntamiento en funciones.
Por una parte, la autoridad demuestra que tiene distintos criterios sobre la información que proporciona sobre hechos delictivos, que no todos los casos son merecedores de ventilarse ante la opinión pública. Por definición en la Fiscalía General de Justicia o en la Secretaría de Seguridad Pública hay resistencia sistemática para brindar oportunamente detalles oficiales sobre las pesquisas, las líneas de investigación, la mecánica de los hechos e historial de las víctimas.
Pero el caso del alcalde electo, que debió iniciar funciones el 15 de octubre, fue diferente. En menos de dos horas, tras ocurrido el homicidio se tenía el perfil del político a quien se le relacionó con actividades delictivas ligadas a la venta de hidrocarburo, robo de trenes y se presumió un ajuste de cuentas.
No es complicado que se tome como lógico que la gente de Nopalucan miraba con agrado a quien de alguna manera le representaba algún tipo de beneficio económico y/o de empleo como ocurre en puntos del estado donde la venta de combustible robado o saqueadores de trenes genera un arropamiento social y protección hacia los líderes de estos delitos.
De hecho en ese municipio era un “secreto a voces” la presunción de que Félix Aguilar estaba relacionado con actividades ilícitas y que durante campaña la gente sospechaba que los artículos obsequiados en mítines correspondían a mercancía sustraída de los trenes.
Si las sospechas tenían más sustancia para la Secretaría de Seguridad Pública deberían de explicar por qué nunca actuaron contra quien fuera el candidato ganador de esa demarcación el 1 de julio pasado y tuvieron que esperar al asesinato para dar a conocer lo que sabían de él.
Porque así, que se ventile después de asesinado y en pocos minutos de ocurrido, más bien parece un intento para suavizar el tema frente a la ciudadanía como si se tratara de obviar la causa del homicidio. Era de los malos, se lo merecía, ya tenía problemas, parecen ser algunas de las conjeturas esperadas.
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Pero si la secretaría de Jesús Morales Rodríguez o la Fiscalía General de Justicia, aún a cargo de Víctor Carranca Bourget, pretenden ir a fondo en su investigación pudieran iniciar desde la propia presidencia municipal donde el alcalde en funciones Rogelio Roque Torres, presidente municipal recibió diferente señalamientos sobre actos de protección al ahora finado sin que hubiera actuado.
Los propios funcionarios podrán dar testimonio de que “el tanque” como le apodaban a Felix Aguilar era conocido, como el regidor número 11 puesto que, dicen, recibió durante la administración saliente un pago quincenal, fuera de nómina, de 9 mil pesos, similar al del cuerpo edilicio.
Incluso que dicho pago, cobrado los días 3 y 17 de cada mes en la propia presidencia, servía para evitar que el hoy finado diera problemas al alcalde.
En Nopalucan no son pocas las voces que incluso cuentan que quien se encargaba de hacer estos pagos y brindar protección a Aguilar era el secretario de Gobernación y jefe de la policía Félix Hernández Méndez.
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Hablando de Félix Aguilar, le cuento que entre sus cercanos se dice que en realidad el munícipe electo no estuvo en una reunión de transición como en un primer momento trascendió sino que en realidad había estado en un encuentro con funcionarios de la Secretaría General de Gobierno aquí en Puebla Capital.
También sostienen que se debería de analizar una línea de investigación sobre su liderazgo que estaba adquiriendo en la zona del polígono de AUDI pues aseguran que pretendía encabezar la revuelta de ediles para no adherirse al Organismo Público Descentralizado Ciudad Modelo.
Hasta la próxima.
Twitter: @elsalvadorrios
