En febrero conmemoramos una de los hechos más importantes para nuestro país, la promulgación el 5 de febrero de 1917 de nuestra Constitución Política, misma que nos ha entregado desde hace 106 años paz, estabilidad, orden y progreso. También ha servido como ejemplo para otros países por ser una Constitución moderna y de vanguardia. Han sido muchas las reformas y las adecuaciones que ha vivido desde esos tiempos, pero indudablemente sigue siendo un pilar fundamental para darnos a todos los mexicanos certeza jurídica, es por todo esto, que debemos hoy más que nunca, sentirnos muy orgullosos de ella.
Tristemente bajo el actual régimen, la Constitución ha pasado a segundo plano, ya que han sido varias las ocasiones que el actual Gobierno ha pretendido vulnerarla o pasar por encima de ella. Y es que el Titular del Ejecutivo Federal, muestra desdén en muchas de sus acciones donde hace patente sus principios de autoritarismo; al no tener la mayoría suficiente para reformar la Constitución en las Cámaras legislativas ha pretendido impulsar reformas a leyes secundarias para lograr sus objetivos sin importar que estas contravengan a la propia Carta Magna.
Un claro ejemplo de estas acciones es la llamada Ley Bartlett, que reforma la Ley de la Industria Eléctrica para contravenir los principios de competencia y libre concurrencia, además de que no asegura el uso de energías limpias y renovables. En la discusión de la controversia constitucional presentada por la oposición y la Comisión Federal de Competencia Económica, en la Suprema Corte de Justicia la mayoría de los ministros estuvieron de acuerdo en su inconstitucionalidad, tristemente en la votación no alcanzo la mayoría necesaria para echar abajo dicha reforma, pero eso no impide que se presenten amparos a la misma.
Otra muestra clara es el llamado Plan B electoral, que al igual que la Reforma a la Ley de la Industria Eléctrica nace después de un intento de reforma constitucional que no alcanza los votos suficientes en el Congreso de Unión. Esa reforma, vulnera la equidad, la transparencia y debilita al Instituto Nacional Electoral, es por eso que la oposición ya ha presentado una acción de inconstitucionalidad que busca la declaración de invalidez del decreto que reforma la Ley General de Comunicación Social y Ley General de Responsabilidad Administrativa por el atropello a disposiciones constitucionales. Confiamos que, en esta ocasión, los ministros de Corte actuaran con civilidad y apegados a derecho echen abajo esta dañina reforma.
En ese contexto, en este mes la mejor manera de conmemorar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es defendiéndola de los caprichos de un solo hombre en todas nuestras trincheras y en todo momento. Como sociedad civil y como oposición debemos alzar la voz ante los ataques que enfrenta nuestra Ley Suprema.
