Diez diputados locales, uno por cada partido político representado en el Congreso del Estado, tienen en sus manos la posibilidad de combatir lo que siempre o casi siempre han criticado: el uso faccioso de los órganos fiscalizadores en beneficio del gobernante en turno.
En efecto, lo hizo Rafael Moreno Valle y más atrás lo hicieron Mario Marín Torres, Melquiades Morales Flores y un largo etcétera de mandatarios que colocaron en la Auditoría Superior del Estado o su organismo similar a un personaje afín a sus intereses.
La gran pregunta es si con Miguel Barbosa Huerta, la 4T y Morena ocurrirá lo mismo.
Eso podrán aclararlo desde hoy los legisladores integrantes de la Junta de Gobierno y Coordinación Política, cuando definan la terna de finalistas para la ASE.
¿Elegirán a un auditor a modo del nuevo grupo en el poder?
Los diputados de Morena, que son mayoría en el Congreso, han dicho que no, que pregonarán con el ejemplo, colocando en posiciones teóricamente independientes a gente que se dedique a hacer su trabajo y no a responder a los intereses de grupos.
Ya se verá.
Lo mismo que la acción de diputados ajenos al partido en el poder, como el PAN y el PRI, que en el pasado fueron siervos de los gobernantes en turno y ahora tienen la oportunidad de actuar diferente.
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Con la novedad de que no todos los 29 notarios sobre los que pesan investigaciones por la presunta comisión de irregularidades andan nervioso o asustados, pese a las acusaciones incendiarias del gobierno de Luis Miguel Barbosa Huerta.
Diecinueve de 29 operan de manera regular, ofrecen sus servicios al público y continúan con la escrituración de bienes inmuebles, sin problema alguno.
Solo 10 notarios públicos emanados del morenovallismo cerraron sus puertas, en los municipios de Tehuacán, Huejotzingo, Tepexi de Rodríguez, Tepeaca y Tecamachalco.
El resto ni se despeinaron con los amagos del barbosismo.
Entre quienes continúan laborando de manera regular se encuentran la 6 y la 7 de Cholula, a cargo de Alejandra Maupomé Cagigal, esposa del operador financiero de la gestión de Moreno Valle, Roberto Moya Clemente, y Patricia Leal Islas, respectivamente.
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El gobernador Miguel Barbosa respondió al exhorto presidencial que le pide revertir la concesión del servicio de agua potable concretada por el gobierno de Rafael Moreno Valle en favor de la empresa Concesiones Integrales. No dijo si va a echarla atrás o no, pero explicó que está metido en el análisis jurídico del tema para tomar una decisión.
Después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador expusiera la semana pasada en una conferencia de prensa mañanera que los estados que tienen concesionada el agua deben recuperar la prestación del servicio, el poblano indicó que coincide con el mandatario mexicano en el sentido de ver al vital líquido como un derecho, no como un negocio, pero advirtió que debe conducirse con cuidado en el terreno de una eventual revocación.
Agregó que no descarta usar el recurso jurídico de intervención, que puede darse en caso de que la empresa no cumpla con los acuerdos asentados en el contrato de concesión, y reveló que tiene un grupo de abogados metido de lleno en el tema.
“Créanme que tengo una formación para conocer perfectamente las cosas, tengo un despacho de los más importantes de México metido en el tema porque contra quienes nos vamos a enfrentar son de los hombres más poderosos en esa materia y no les tengo miedo”, subrayó.
El asunto permanece entonces en la lista de pendientes sin resolver.
