Derivado del caso de arraigo del 2006 en contra de los ciudadanos Gustavo Robles y los hermanos Tzompaxtle Tecpile, quienes fueron arraigados por 90 días por la entonces Policía Federal Preventiva, desde el año pasado la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó al estado mexicano eliminar dicha medida cautelar también conocida como prisión preventiva, sin embargo dicha determinación no se ha acatado y por el contrario, hoy la discusión en el país sobre esta posible modificación está más viva que nunca.
Ante esto la secretaria de Gobernación Luisa María Alcalde afirmó desde el púlpito presidencial, que de llevarse a cabo esta medida correríamos el riesgo de que 68 mil criminales salieran de prisión, cosa que es completamente falsa, pero primero lo primero, en México la prisión preventiva oficiosa es un mecanismo mediante el cual las personas son enviadas a la cárcel tras el señalamiento de haber cometido algún acto ilícito, aun sin haber pasado por un proceso condenatorio, una medida que por cierto es contraria a nuestra propia constitución, la cual señala que toda persona acusada de un delito es inocente hasta que se le compruebe lo contrario.
Al respecto esta es la segunda ocasión en la que a lo largo de este sexenio la cuarta transformación intenta modificar el artículo 19 de nuestra Carta Magna, buscando la ampliación del catálogo de ilícitos que ameriten la prisión preventiva, que ante la molestia de distintas organizaciones protectoras de los derechos humanos, el oficialismo ha iniciado como se ha hecho costumbre una campaña de desinformación para favorecer sus propios intereses, sin embargo en esta ocasión, las justificaciones del partido en el poder pueden ser desmentidas al tenor los siguientes datos:
En base a cifras proporcionadas por el INEGI, del 100% de personas que se encuentran privadas de su libertad a causa de la prisión preventiva, el 69% de estas no tienen una condena, lo que implica que aproximadamente 7 de cada 10 personas en esta situación se encuentran encarceladas aun sin haber sido declaradas culpables de delito alguno, por otro lado, de acuerdo a la organización Intersecta, el 70% de las personas que se encuentran en prisión preventiva son de escasos recursos.
Los datos antes expuestos reflejan algo diametralmente opuesto al discurso de la propia 4t que dice que por el bien de todos primero los pobres, sin embargo el arraigo o prisión preventiva que tanto defienden ahora, resulta perjudicial en mayor medida para los pobres pues es precisamente este sector poblacional, el que sucumbe ante el yugo de un sistema jurídico imperfecto al encontrarse incapacitados de pagarse un abogado o su propia fianza, lo cual además incrementa el número de personas dentro del sistema carcelario mexicano, que se ha vuelto un hotel VIP para los criminales de alto calibre y para los pobres una escuela del crimen organizado.
Aunque la finalidad de dicha medida no está completamente clara, lo que es un hecho es que entre otras cuestiones, le quita responsabilidad en su toma de decisiones a las fiscalías y ministerios públicos, al no necesitar estas argumentar y probar el porqué una persona debería estar en prisión, además de que la abrogación de la prisión preventiva oficiosa no extingue la posibilidad de encarcelar a una persona si la situación lo amerita, pues esto se lleva a cabo mediante la prisión preventiva justificada. Si esto último lo juntamos con el contexto de militarización de ciertos espacios de la seguridad pública y el espionaje por parte del oficialismo a figuras opositoras del partido en el poder, resulta ineludible opinar que se está poniendo en riesgo el ya de por sí frágil sistema jurídico mexicano
A lo anterior debemos sumarle una preocupación más con la posible regresión a los efectos de la Ley de Amparo que se está discutiendo en el Senado, misma que impediría la posibilidad de que jueces frenen abusos del ejecutivo en contra de la ciudadanía, ambos retrocesos violentan de manera flagrante el principio pro persona y exhiben la mentira de que el estado está siempre del lado de las víctimas, pues lo que se busca, por el contrario, es avalar leyes autócratas opuestas a lo que sería una verdadera impartición de justicia ¿A dónde vamos a parar? Solo el tiempo nos lo dirá.
