Para ningún poblano debe ser un secreto que los niveles de inseguridad van en aumento y que los llamados delitos de alto impacto son más frecuentes y cercanos; que el nivel de violencia en robos menores ha incrementado y que las ejecuciones dejaron de ser noticias excepcionales para convertirse en reportes cotidianos.
Una herencia que comenzó a acentuarse con el crecimiento acelerado del huachicol durante la administración del hoy finado Rafael Moreno Valle Rosas y luego ingresó a una fase de mutación durante la administración de José Antonio Gali Fayad con la realización de operativos para el decomiso de combustible robado en tiempos del expresidente Enrique Peña Nieto.
De los 10 días de gobierno de Martha Erika Alonso Hidalgo al frente de la administración y del mes como encargado de despacho de Jesús Rodríguez Almeida poco se puede decir en materia de recuperación de la seguridad mientras, en los seis meses de interinato de Guillermo Pacheco Pulido, la criminalidad siguió con tendencia al alza.
Si podemos hablar de un cambio en los últimos años, se puede reducir a la migración parcial de las agrupaciones delictivas del Triángulo Rojo a la región de San Martín Texmelucan o bien al cambio de giro de delincuentes huachicoleros a saqueadores de trenes, secuetradores o asaltantes en carretaras, comercios o casa habitación.
Dicho de otro modo: lo que ocurrió en Puebla fue el combate a un delito federal como es la ordeña a los ductos de Petróleos Mexicanos (PEMEX) pero no la desarticulación de las bandas delictivas que vivieron por varios años en la impunidad absoluta y hoy buscan otras alternativas criminales.
La estrategia del presidente Andrés Manuel López Obrador para pacificar al país, que iniciaría desde el primer momento de su mandato, el 1 de diciembre pasado, parece no brindar los resultados esperados pues la ola delictiva en Puebla y el resto del país se percibe imparable.
Peor aún, incluso con la conformación de la Guardia Nacional y sus recientes rondines no se inhibe al crimen organizado que mantiene un dinamismo de muerte día con día.
Ya en las páginas de El Sol de Puebla hemos dado cuenta que las ejecuciones, con y sin este nuevo cuerpo de seguridad, repuntaron un 34 por ciento pues del 1 al 18 de julio hubo 76 cuando los 18 días previos, fueron 50, según el Sistema Nacional de Seguridad.
Y en general, los delitos aumentan permanentemente, y para muestra el comparativo del primer semestre de este año en relación con el del año pasado, donde pasó de 29 mil 756 incidencias a 39 mil 872, una diferencia de 10 mil 116 casos más, que representan un 33.9 por ciento de crecimiento.
A partir de mañana dará inicio un nuevo gobierno y estilo de ejercer el poder donde su titular, Luis Miguel Barbosa Huerta, tiene alineado el mejor escenario para poner en práctica su plan de gobierno y lo que en materia de seguridad considere.
Un gobierno federal que lo respalda por una parte y un congreso mayoritario que no dirá no a lo que en términos legales requiera. Hay un secretario de seguridad que tiene el aval del presidente López Obrador, la disponibilidad de coordinación de los principales ayuntamientos, emanados varios de ellos de las filas de Morena, y su compromiso como gobernador de trabajar coordinadamente con todos los alcaldes para solucionar lo que él mismo reconoce como un “grave problema de la inseguridad pública”.
No hay pretexto. Por el bien de Puebla, que los dichos se conviertan en hechos.
Y hasta la próxima.
salvador_rios@elsoldepuebla.com.mx
Twitter: @elsalvadorrios
