Sin decirles agua va, trabajadores de la Secretaría de Planeación y Finanzas vieron mermados sus ingresos de manera significativa la pasada quincena pues detectaron que no les fue depositado un apoyo económico, complementario de su sueldo, que desde hace varios años se les viene pagando.
Esos bonos corresponden al equivalente del 100 por ciento del sueldo y su cancelación afecta a unos 700 trabajadores de la dependencia, a cargo de la secretaria María Teresa Castro Corro a quien le atribuyen concretar la presunta instrucción del gobernador Luis Miguel Barbosa.
Se trata de empleados, lo mismo sindicalizados que de confianza o eventuales; de trabajadores que ganan entre 6 mil y 28 mil pesos mensuales y que cuatro veces al año recibían un bono por un monto similar a su sueldo.
Una práctica que venía respetándose, por lo menos desde el sexenio de Manuel Bartlett Díaz y hasta el mes de julio con el gobierno interino de Guillermo Pacheco Pulido, cuando se les depositó el segundo de los cuatro bonos programados para este 2019.
Entre los afectados existe la molestia porque no se les informó de, en el mejor de los casos, el retraso de esta compensación que debe estar programada por lo que resta del año y etiquetada para entregarse en los meses de abril, julio, octubre y diciembre.
La bolsa a repartirse asciende a unos 6 millones de pesos por trimestre y al día de ayer no había certeza sobre su entrega.
Sin pretender acusar o exonerar a los trabajadores de Finanzas de alguna práctica irregular en su desempeño, el hecho de ver mermados sus ingresos, abre la puerta a que algunos de ellos recurran a prácticas de corrupción puesto que sus plazas son operativas y vinculadas a temas que se prestan para ello.
Entre los que vieron afectado su bono hay trabajadores que brindan atención a los contribuyentes para el alta de vehículos o el cobro de impuestos, que participan en los operativos de comercio exterior o que salen a decomisos de piratería o ropa de paca.
Que participan en auditorías y revisión de comprobantes fiscales en negocios, que participan en cobro de créditos o notifican requerimientos. Que andar visitando las casas de los contribuyentes para que se pongan al corriente en sus pagos o declaraciones con el Sistema de Administración Tributaria.
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En temas de Centros de Readaptación Social le comento que poco le duró el gusto al director del penal de San Pedreo Cholula Jose Alberto Vázquez Pérez, y a su jefe de Seguridad y Custodia, David Galindo Lucero, de realizar actividades culturales y recreativas para mandar señales de mejora carcelaria pues cuentan que entre la noche de ayer y la madrugada de hoy hubo una riña entre dos reos que derivó en que uno de ellos perdiera un ojo. El motivo es que uno de los reclusos, considerado de alta peligrosidad fue colocado en una celda que no era de las mejores y por la que habría dado su respectiva cuota.
Por otro lado, en el Penal de San Miguel cuentan que se tomaron muy en serio las recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos que cambiaron la calidad de la comida a tal grado de que a veces hasta se antoja comer.
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Hasta la próxima.
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