El pasado 18 de marzo y, como cada año, este 2024 se celebró el 86 aniversario de la Expropiación Petrolera, acción que fue decretada por el presidente Lázaro Cárdenas; su nacionalización incluyo todos los recursos e instalaciones existentes en territorio nacional.
Así, el 7 de junio de 1938 se creó Petromex, empresa estatal la cual comenzó a adquirir las concesiones existentes y, se expide el decreto de creación de Petróleos Mexicanos, el 20 de julio de ese mismo año.
En la actualidad, y debido a la alta dependencia de los ingresos petroleros del país (aproximadamente 35% del total de la recaudación), Pemex enfrenta una grave situación, la cual es debida a la baja de precios y a la caída de su producción; ha venido generando problemas fiscales, además del impacto que ello representa en el gasto público del gobierno federal.
Razón por la cual en el año 2013 se emprendió la reforma energética, con el propósito de aprovechar de forma más eficiente los recursos; “todas aquellas sustancias (sea en estado sólido, líquido o gaseoso) a partir de las cuales se puede producir energía, estos recursos se agrupan en dos categorías: i) no renovables, como hidrocarburos (petróleo y gas natural) o los recursos nucleares; y ii) renovables, como el viento, el agua, la radiación solar y el vapor del subsuelo”.
Siendo el principal objetivo, potenciar al sector energético y, en consecuencia, generar energía limpia a un menor costo con la premisa de tener un mejor cuidado y protección del medio ambiente.
Además de reforzar la rectoría del Estado como propietario del petróleo y gas y como regulador de la industria petrolera. Pues la magnitud de las inversiones de capital privado se estimaba en aproximadamente 150 mil millones de dólares, para los próximos 15 años.
A la fecha, la situación de Pemex ha empeorado, al grado que hoy vive una crisis financiera, la cual se agravo prácticamente desde el 2014; escenario que pone en peligro la estabilidad económica del país, debido a que este deterioro financiero ha sido gradual durante más de una década.
Con base en informes de analistas en el ramo, consideran que desde el año 2019, Pemex tenía un capital negativo por un monto superior a 10 puntos del PIB. Situación que ubica a la empresa en un grado de vulnerabilidad y, que sin duda es urgente su rescate.
Pero lamentablemente su rescate en el actual gobierno incluye el no cumplimiento en sus obligaciones financieras, con el argumento de tener viabilidad, lo ha emprendido con quitas en el cobro de impuestos o transferencias fiscales, para que de esta manera no incumpla con sus obligaciones financieras y pueda cubrir las pérdidas de operación; costo que representa de 2 a 3 puntos del PIB para los próximos cinco años.
Al respecto en la celebración, el director Octavio Romero indicó que Pemex cerrará el año con una deuda financiera de 94 mil millones de dólares, es decir 12 mil millones menos, pero descartó nuevos financiamientos en lo que resta del año.
Sin embargo, el próximo gobierno debe tener en consideración que su rescate tendría “un costo estimado de cuatro a seis puntos del PIB a financiarse los próximos cinco años. Y, considerando la exploración, su pasivo laboral y parte de la deuda financiera, este saneamiento se calcula entre 10 a 12 puntos del PIB”
Como vera estimado lector, esta situación luce imposible de lograrse, así como imposible que México sea autosuficiente en su consumo de gasolinas para el 2025, como lo ha prometido la actual administración.
Ante este difícil escenario, la reforma del anterior gobierno planteaba que México mejorara significativamente su productividad, no solo en materia energética sino industrial; con energéticos de calidad, a costos competitivos, así como del saneamiento financiero de Pemex.
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