Desde que ingresó México al neoliberalismo económico, privatizó todas las empresas del Estado y abrió, sin límite alguno, su industria, comercio y sistema bancario a la inversión directa del capital extranjero, desde entonces hace ya 37 años, se impusieron pesados grilletes, se congelaron los salarios y prestaciones de los trabajadores, se puso en marcha un modelo de crecimiento económico que ha empobrecido sistemáticamente a la clase trabajadora, ha aniquilado el poder de consumo y bienestar de las mayorías, ha monopolizado la riqueza en unas cuantas manos.
Desde hace 37 años que adoptó México el modelo neoliberal, en la administración de Miguel de la Madrid, la competencia internacional y el crecimiento económico del país, se han hecho descargar sobre las espaldas y el sacrificio de los trabajadores. Incluso la competencia comercial y la necesaria competitividad de las empresas nacionales dentro del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), llevó, hace 25 años, a los gobiernos y a los empresarios a empobrecer los salarios hasta convertirlos entre los más bajos del mundo.
Por eso, irónicamente, Estados Unidos y Canadá ahora le están exigiendo al gobierno de Andrés Manuel López una reforma laboral que contemple la elevación de los salarios de los obreros mexicanos, como una condición para aprobar el nuevo tratado comercial trilateral denominado T-MEC. Sin embargo, el sector empresarial mexicano mal acostumbrado a engrosar fácilmente sus utilidades a costillas de los trabajadores, se resiste a aceptar la nueva realidad, Aunque el presidente López Obrador ha externado su decisión de que el desarrollo de México no debe seguir fincándose en el sacrificio económico de los trabajadores.
La Gran interrogante y duda es si los empresarios y sus cámaras no harán faltar a su palabra al gobierno mexicano ante su compromiso con Estados Unidos y Canadá de cambiar las inveteradas, viciadas, ventajosas e injustas prácticas laborales del sector patronal, que significan el aplastamiento del nivel de vida de los trabajadores. Veamos cuál es el sistema vigente de explotación de la mano de obra mexicana.
Las cifras oficiales del INEGI nos muestran que de cada 100 pesos que produce la actividad económica nacional, 26 pesos van a los bolsillos de los trabajadores y los 74 pesos restantes van a parar a los capitales y ganancias de las empresas. Prácticamente una cuarta parte del PIB nacional se reparte entre millones de laborantes, y las otras tres cuartas partes son para unos miles de empresas.
En los años 70 en que no se practicaba el neoliberalismo sino el principio de la sana y justa redistribución del ingreso, y se cuidaba el fortalecimiento del poder de consumo de las grandes mayorías, la relación y la proporción en la distribución del ingreso nacional era de 40% para los trabajadores y de 60% para los patrones, de cada 100 pesos generados.
Llegado el modelo capitalista empezaron a predominar las prácticas monopólicas que impuso el capital multinacional, siempre con la amenaza de irse a otras latitudes o de robotizar sus líneas de producción, si los obreros no aceptaban sus condiciones salariales, que han sido siempre a la baja, y en el mejor de los casos, de acuerdo a un nivel inflacionario manejado convencionalmente por las instituciones oficiales, primero el INEGI, luego el Banco de México, ya que fueron etapas de sucesivas crisis económicas y de elevada inflación, como las crisis de 1995 y 2008.
En cuanto a los salarios mínimos se mantuvieron congelados con la complicidad de los 6 gobiernos neoliberales del PRI y PAN, hasta el primer año de gobierno de López Obrador que se incrementaron 16%, por arriba del nivel inflacionario.
Por otra parte, de acuerdo a reciente reporte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el 90 por ciento de empresas en México aprovechan la flexibilidad de los esquemas laborales para caer en alguna práctica de informalidad, es decir de simulación salarial, para pagar menos salarios, prestaciones, eludir las cuotas obrero patronales del IMSS, y evadir impuestos. Incluso en las empresas que se constituyen legalmente, el negocio está en la contratación irregular, agrega.
Con datos oficiales del Instituto Mexicano del Seguridad Social (IMSS) la evasión de la seguridad social por empresas outsourcing que practican esquemas de subcontratación o registro de menores salarios asciende a 21 mil millones de pesos al año, lo cual es un terrible golpe más a la de por sí mermada pensión que recibirán los trabajadores al momento de su retiro.
