La pobreza, es sin duda un problema que lamentablemente no se ha podido erradicar en nuestro país; lo verdaderamente lamentable es que siendo México un país con una gran cantidad de recursos naturales y un alto potencial humano, la pobreza no se pueda extinguir.
Su medición se realiza con base en el nivel de ingresos, el acceso a servicios educativos, sanitarios, a seguridad social, acceso a alimentación, calidad y espacios de la vivienda y a los servicios básicos de la vivienda. Datos estadísticos, señalan que solo el 1% de la población concentra el 39% de la riqueza nacional.
Las principales variables causantes de la pobreza mantienen una estrecha relación con el desempleo, el trabajo mal remunerado y la corrupción, entre otras; aunado a los problemas de salud como la desnutrición, habrá que sumar las consecuencias sociales como el incremento en la delincuencia, las adicciones, los abandonos familiares, embarazos en adolescentes y divorcios, siendo entre otros, los efectos que agudizan la situación de pobreza.
Los investigadores señalan, “que no hay causas ni consecuencias separadas, sino que son una misma cosa: causas-consecuencias de la pobreza, las resumen en: malnutrición abandono escolar y trabajo infantil, inseguridad ciudadana y aumento de la prostitución, migración y corrupción”.
Al respecto, estadísticas oficiales muestran que el nivel de la pobreza es preocupante; con base en los datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), utiliza 6 criterios para su medición: 1) Acceso a la seguridad social, 2) acceso a los servicios básicos en la vivienda, 3) acceso a la alimentación, 4) calidad y espacios de la vivienda, 5) rezago educativo y 6) acceso a los servicios de salud; criterios que, de manera conjunta, determinan el nivel de vida media de un hogar. Y los resultados para el año 2018, fueron:
Acceso a la seguridad social - 57,3%
Acceso a los servicios básicos en la vivienda - 19,8%
Acceso a la alimentación - 20,4%
Calidad y espacios de la vivienda - 11,1%
Rezago educativo - 16,9%
Acceso a los servicios de salud - 16,2%
Estos resultados reflejan una situación crítica, pues el (CONEVAL) concluyó señalando que, “en términos económicos, y respecto al ingreso, 61,1 millones viven bajo la línea de pobreza por nivel de ingresos, que supone el 48,8% de la población total mexicana. Y 21 millones de personas están por debajo del nivel de pobreza extrema por ingresos (16,8% de la población)”.
Y durante el 2008 al menos 6 de cada 10 personas no tenían servicios como drenaje, electricidad, gas o agua; para 2016 mejoró a 5 por cada 10 en las zonas rurales. El mayor avance fue en los servicios de salud: la mitad de la población rural no tenía acceso a instituciones de salud en 2008 cifra que se redujo a 13.20% en 2016. En las comunidades urbanas, la pobreza es ligeramente menor; la carencia que más les afecta, es el acceso a seguridad social, pues al menos 5 de cada 10 presentan este rezago.
En la actualidad y ante la preocupación del estancamiento de la economía en el 2019, donde el Producto Interno Bruto (PIB) decreció en -0.1%; habrá que replantear el modelo económico, debido a que, solo mediante el crecimiento económico, se podrá reducir la pobreza.
Pues actualmente, a pesar de los subsidios a adultos mayores, jóvenes y campesinos y, el incremento al salario mínimo, difícilmente se saldrá de la pobreza, pues no se atacan las causas que la producen me refiero a la falta de empleo, infraestructura de salud y educación y de crédito a micro y pequeñas empresas. Los altos niveles de desigualdad y la falta de oportunidades económicas siguen siendo una fuente de descontento para la población y perjudican el crecimiento económico.
El actual gobierno tiene el tiempo suficiente para rectificar el rumbo, con políticas públicas que sustenten los cambios que los mexicanos esperamos. Debe impulsarse la actividad económica, como motor de desarrollo, para incentivar y reactivar el avance social del país y, por supuesto el Presidente López Obrador debe asumir ante la realidad actual, un criterio democrático incluyente y flexible, con espacio para instrumentar políticas públicas, cuyo eje transversal sea la participación ciudadana.
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