Hago énfasis en que el “interés público” se debe determinar en las acciones que realiza el gobierno para beneficiar a toda la sociedad; al tiempo que se sitúa como sinónimo de interés y de utilidad para la comunidad. Caso contrario, es la antítesis del interés “particular” o “individual”, cuando solo se beneficia a personas o a grupos particulares, tanto políticos como económicos.
Por ello la participación ciudadana es importante para fortalecer o desarrollar nuevas instituciones, que aseguran, organicen y promuevan no solo el interés ciudadano, sino el público, incluyendo a los partidos políticos. Es ahí, donde la participación de los partidos políticos es relevante, en la medida que identifiquen y promuevan la voluntad popular o en su defecto el activismo.
Tanto gobernantes como funcionarios públicos no pueden actuar de manera simplista a las demandas, sin respetar la normatividad, pues su nivel de actuación se precisa por las leyes o normas constitucionales. De ahí la importancia que este concepto (interés público) se incorpore y se defina en las leyes secundarias y en la de los 3 órdenes de gobierno.
La relación del Interés Público y el Interés Privado crea situaciones donde “se pretende comparar la eficiencia pública contra la privada, pero la lógica del mercado en el interés privado impone el criterio en el cual lo que cuenta es la ganancia económica y lo que importa para el Interés Público es el bienestar social”. El gobierno sin duda debe defender el interés público, pero el principio de maximización de utilidades corresponde al sector privado; la empresa pública debe además de establecer evaluaciones de su desempeño para demostrar su eficiencia y no afectar o dañar aquí si el interés social.
Ejemplo Pemex o la CFE, que como lo ha venido señalando el ejecutivo federal, utilizar carbón en lugar de recurrir a otras alternativas para generar energías limpias, decisión que aquí sí de manera directa, atenta contra el interés público, pues además de contribuir al calentamiento global, incrementará la contaminación.
Y ante lo difícil que en todos los ámbitos ha resultado este 2020, ante la nueva realidad, el aparato gubernamental, debe orientar su quehacer político, entender de manera fidedigna su actuar permanente y, con un alto sentido ético, construir una vida más humana, realizando sus acciones fundadas en valores y bajo una postura ideológica que aglutine y atienda la totalidad de las demandas sociales; sin manipular ni lucrar con las carencias y la falta de oportunidades.
Por ello, la rendición de cuentas debe ser parte importante del gobierno al interés público, siendo el requisito central para el funcionamiento efectivo de los principales mecanismos de control, el cual promueva la participación e interés de los ciudadanos en el actuar gubernamental.
Pues desde hace prácticamente dos décadas, el nuevo federalismo viene estableciendo una relación entre las competencias y jurisdicciones municipal, estatal y federal para multiplicar los beneficios del esfuerzo nacional. Ello establece que la sociedad participe como sujeto activo de su propio desarrollo.
Lamentablemente en nuestro país, los brotes de ingobernabilidad se han suscitado por falta de apoyos o de tacto político, en ciertas regiones; las lagunas de la ley, entre otras condicionantes, han lesionado la estructura social, debilitado al Estado Mexicano.
El interés público, debe centrarse en la actualización de las instituciones, fortalecer el federalismo y el equilibrio de los poderes, alentando el desarrollo económico, para establecer un verdadero Estado de Derecho y se consolide la política social.
En el escenario actual, es necesario reivindicar el valor de la política en su sentido originario, privilegiando la participación ciudadana, el diálogo, la negociación, el respeto a las opiniones ajenas y la voluntad de alcanzar acuerdos. Los mexicanos deseamos que el desarrollo y evolución de la cultura democrática, se construya con proyectos sólidos y que no solo se desacredite o se continúe polarizando desde la más alta tribuna presidencial.
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