Las grandes corporaciones industriales y las medianas empresas del país, de acuerdo a cifras del IMSS, dan de alta ante este instituto a sus trabajadores con sueldos menores a los que ganan para evadir el pago de cuotas obrero patronales; y más de 6 mil empresas practican el outsourcing con 8 millones de empleados para evadir las cuotas del IMSS, Infonavit e impuestos del SAT, y los condenan a nunca tener ahorro para su retiro.
Estas alarmantes cifras sobre la explotación injusta de la mano de obra han sido manejadas una y otra vez por las instituciones públicas, el Senado, la Cámara de Diputados y el gobierno federal y, sin embargo, de manera sorpresiva, la aprobación de la iniciativa presidencial para registrar, regular y controlar el outsourcing, fue contenida por el Consejo Coordinador Empresarial que logró posponer su discusión hasta febrero, pese a que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, anunció que sería aprobada en diciembre del año pasado.
Por qué era urgente que se aprobara el año pasado?. El mismo presidente les había reprochado a los empresarios, en uno de los encuentros que sostuvo con sus dirigentes, que cada fin de año, entre noviembre y diciembre, miles de empresas que manejan nómina, daban de baja del IMS entre 390 y 400 mil trabajadores, para no pagarles su aguinaldo. “Esto además de ser injusto es inmoral”, los fustigó el mandatario.
Este fenómeno se ha observado desde 2018 y 2019, seguramente lo repitieron los empresarios bajo el sobado pretexto de la gran crisis recesiva. Al fin que el sector sindical y las centrales obreras que antes representaban y defendían el derecho e interés de los trabajadores, son un cero a la izquierda, cuando no los cómplices de los patrones y de los gobiernos neoliberales que se han dedicado a explotar al sector obrero estos últimos 36 años.
Los patrones recontratan a este mismo número de trabajadores entre enero y febrero para someterlos al mismo régimen de explotación ilícita que han practicado a través de la tercerización que practican desde el gobierno de Felipe Calderón, el presidente que aniquiló los derechos laborales de los trabajadores con su tristemente recordada nueva cultura laboral.
Una vez que la iniciativa de ley del outsourcing fue prorrogada en diciembre de 2020, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exhortó casi a fin de año a 37 mil empresas y personas físicas que manejan nómina a no incurrir en prácticas irregulares para reducir el número de trabajadores este fin de año.
Un exhorto tardío del SAT porque la mayoría de los empresarios atrapados por la crisis económica dieron de baja a los trabajadores que tenían subcontratados para arrebatarles de las manos su aguinaldo. No les interesó, no hay cargo de conciencia humana y social, al haber enviado a 400 mil trabajadores a la calle, sin dinero para celebrar las fiestas decembrinas con sus familias.
Una de las peores, colectivas, permanentes injusticias que padece la clase trabajadora mexicana de parte del sector empresarial que con crisis y sin crisis siempre busca medrar sobre lo que queda de los derechos laborales y humanos de sus empleados.
Por eso es lamentable que por orden presidencial se haya pospuesto la aprobación de la ley que regulará y controlará el outsourcing. López Obrador finalmente dobló las manos ante el sector privado que le pedía un año más para aprobarla, un año más de explotación inmisericorde de los trabajadores, pese a que el tabasqueño les había recriminado que México era de los países con los salarios más bajos del mundo, incluso que los de Guatemala y Belice.
Tras la práctica del outsourcing, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) tiene identificados varios tipos de subcontratación todos ilícitos para evadir más de 300 mil millones de pesos anuales en pago de impuestos, los salarios y prestaciones sociales de más de 8 millones de trabajadores, a través de la creación y generación de empresas fachada; facturación de operaciones simuladas, y el outsourcing ilícito.
Entre noviembre y diciembre de 2019 las empresas que redujeron su nómina representaron una pérdida de 237 mil 108 empleos. Otras transfirieron a sus trabajadores a una nueva empresa, de acuerdo con cifras del SAT.
Para evitar que entre noviembre y diciembre de 2020 se repitiera la misma injusta y despreciable conducta empresarial, el SAT llamó a 37 mil empresas y personas físicas que manejan nóminas a no incurrir en prácticas ilícitas y cumplir con sus obligaciones fiscales en el marco del acuerdo tripartito entre los sectores empresarial, obrero y el gobierno de México. Fue un exhorto formalista, hipócrita, cómplice, ya que a esas alturas el mal ya estaba hecho. Los empresarios se salieron, una vez más, con la suya. NOS ESCUCHAMOS DIARIAMENTE de 13 a 14 horas en ABC Radio 1280 de AM.,
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