Como pocas veces, el Arzobispo de Puebla, Víctor Sánchez Espinosa, le entró a la grilla política al criticar el estado de violencia por el que atraviesa el país y la ola de muertes que esos hechos traen como consecuencias.
En su tradicional homilía dominical, el líder católico aprovechó para parafrasear al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador y su frase que se ha convertido en su doctrina: “No robar, no mentir y no traicionar”.
Pero monseñor decidió retirar el tercer principio lopezobradorista para incluir el “no matar”.
"Con todo respeto, como dice el presidente López Obrador, y lo digo con mucho respeto, no robar, no mentir y yo agregaría no matar. Se habla de 100 muertos cada día en nuestra patria, es mucho sufrimiento para tantas familias".
Lo que no completó fue si ese hecho de fallecimientos en actos ligados con la delincuencia está relacionado por una omisión de la autoridad o por actos desbordados de la delincuencia, que para, a final de cuentas termina golpeando a la autoridad.
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La Sección Instructora de la Cámara de Diputados dio marcha atrás a lo que parecía un intento de encubrimiento del diputado del Partido del Trabajo, Mauricio Toledo Gutiérrez, quien es imputado por el delito de enriquecimiento ilícito y que aparentaba que no seguiría la suerte de Saúl Huerta Corona en el proceso de desafuero.
Este domingo, en una segunda votación se determinó emitir un dictamen procedente para el desafuero de quien fuera delegado de Coyoacán.
A pesar de los señalamientos, por no acreditar la legal procedencia de 20.8 millones de pesos, y aunque no se le vio en campaña por la diputación federal por el Distrito 5 de Puebla, Mauricio Toledo logro el triunfo el pasado 6 de junio.
Ahora la duda está en que, de concretarse ante el pleno el desafuero, la justicia actúe de tal forma que permita fincarle responsabilidades antes de que llegue la nueva legislatura y con ello obtenga un nuevo fuero.
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Los recientes datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que demuestran que en cinco años en Puebla han aumentado los delitos del fuero federal a manos de servidores públicos, ponen en duda los ofrecimientos del gobierno federal para erradicar esas prácticas que luego terminan en actos de corrupción e impunidad.
Cuando el titular del Ejecutivo habló de terminar con esas prácticas se entendió que extirparía el tráfico de influencias, el abuso de autoridad, el cohecho y peculado, el enriquecimiento ilícito o intimidación; pero los datos exhiben que seguimos igual.
Ante esta realidad la investigación de los delitos, el esclarecimiento de los hechos, así como la protección y respeto de los derechos de las víctimas y la reparación de daños siguen siendo tarea pendiente pese a la pomposa oferta.
Mientras no haya acciones más contundentes y ejemplares contra esos servidores públicos y siga lastimándose a las víctimas, esa asignatura tiene puntos suspensivos. Y si así andan en la federación, hay que checar los números estatales en donde ojalá las cosas sean diferentes para bien y no peores.
