En el creciente conflicto preelectoral entre la presidenta municipal de Puebla, Claudia Rivera Vivanco y el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política en el Congreso del Estado, Gabriel Biestro Medinilla, se debe tomar en cuenta un factor que ya le costó la carrera política a dos diputados locales: la violencia política de género.
Las reformas políticas aprobadas por el Congreso local en julio de este año, fijan reglas más estrictas para evitar la violencia política contra las mujeres.
Básicamente consisten en impedir la candidatura a los aspirantes que hayan recibido una sentencia firme por violencia política de género, violencia familiar e incumplimiento de la obligación alimentaria.
Estas nuevas reglas ya le costaron la carrera política a dos diputados que llegaron bajo el cobijo de la Cuarta Transformación y que hoy prácticamente están en un exilio político, tras un comportamiento misógino: José Juan Espinosa Torres y Héctor Alonso Granados.
El primero fue sancionado en marzo de 2019, cuando el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) emitió una sentencia condenatoria por violencia política de género, misma que derivó en una amonestación, que pidiera una disculpa pública y tomar un curso de sensibilización en género y masculinidad.
Esto después de que en la elección de 2018, en calidad de representante del PT en el Instituto Electoral del Estado (IEE), le dijo a la representante del PRI, Laura Torres Villegas que “necesitaba terapia sexual” porque estaba “mal atendida”.
Alonso Granados se ganó el repudio en redes sociales por varias actitudes machistas y misóginas, pero también tuvo consecuencias legales y fue sentenciado por ello.
La denuncia fue presentada por la diputada del PES, Nora Merino Escamilla, tras varios ataques verbales del legislador durante las sesiones públicas, por lo que el IEE resolvió fincar medidas cautelares y una advertencia para quitarle el cargo si continuaba con las agresiones.
Con las nuevas reformas electorales, ninguno podría competir en la elección de 2021.
Queda claro que el comportamiento de Gabriel Biestro dista mucho del exhibido por sus compañeros en contra de las mujeres.
Sin embargo, la toma del Congreso local para exigir la despenalización del aborto puso en la agenda un tema por demás polémico y que se puede tornar político.
Se trata de una lucha legítima de las mujeres a la que se sumó la alcaldesa de Puebla, primero con su presencia en la manifestación y después con una serie de mensajes en Twitter para exigirle a Gabriel Biestro respuesta a la demanda de las feministas.
Y es ahí donde está el reto para el legislador, quien debe responder a una estrategia política, pero sin dar entrada a que alguna expresión abra la posibilidad de una denuncia por violencia política de género.
Vaya que la lucha por la candidatura de Morena a la presidencia municipal de Puebla sube de tono.
Una disputa por el poder, desde el poder.
Hasta la próxima.
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