/ domingo 18 de agosto de 2019

Vandalizar ¿el último recurso social?

Las leyes mexicanas han avanzado en la consideración de los derechos de la mujer. El Código Penal Federal establece el delito en el Artículo 325, además La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), acciones del estado para cesas y eliminar la violencia contra las mujeres.

En realidad, el fenómeno de violencia que sufren muchas mujeres ha ido avanzando con celeridad hasta llegar a la muerte. Los obstáculos para aplicar la ley cuando hay delito de por medio, son comunes en las autoridades porque “no queda claro el tipo penal”, es muy difícil presentar pruebas, todo abona a la impunidad. Para 2019 hay 25 estados con procedimientos de AVGM -Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Puebla (en 50 municipios), Querétaro, Sonora, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Yucatán- pero, la impunidad continúa.

Lo terrible, además, es que los elementos responsables de la seguridad pública sean los violadores de menores. El 10 de julio dos policías obligaron a una mujer de 27 años a entrar a un hotel de la colonia Tabacalera donde la violaron, el 3 de agosto una menor de 17 años señaló a 4 policías de haberla violado en la alcaldía de Azcapotzalco, y el 8 de agosto un policía bancario violó a una menor de 16 años en un museo de la CdMx. Sólo en dos casos se procedió a vincular a proceso a 3 elementos, pero en el caso del 3 de agosto no hay evidencia suficiente, pero son los hechos que colmaron la paciencia ciudadana y provocaron la protesta de miles de mujeres el viernes 16 de agosto.

Apoyar la protesta, que además fue acompañada de pintas, rotura de cristales, quemas y golpes a policías ¿es inadecuado? La protesta civil se caracteriza, entre otras cosas, por alterar el orden, así que no faltaba más. Sólo por recordar, gracias al movimiento feminista de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como sufragista, a sus marchas, sus pintas, sus exigencias en carteles, sus tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios, agresiones a domicilios de miembros del gobierno y del parlamento inglés, hoy millones de mujeres podemos participar en política y votar. Además, con saldo blanco.

En 1975 se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial de la Mujer (ONU) con sede en la Ciudad de México, como constancia de que el tema de la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones, concluyendo en discriminación por el “patriarcado”, tema intrincado y de gran complejidad. Pero la seguridad pública no ha estado a la altura, desde tiempos remotos. En 1976 se inauguró en Bruselas, Bélgica el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer donde Diane Russel se refirió al femicide (femicidio) por primera vez, “extremo terror anti-femenino…que resulta en muerte”. Marcela Lagarde, en 1985 lo distingue del feminicidio “donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes” (citado por Patricia Olamendi, 2017. Feminicidio en México, consultado en: Inmujeres.gob.mx).

Los primeros casos de feminicidios documentados en México datan de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde entonces hasta ahora, no hay culpables ni ha bajado el índice de estos asesinatos, por el contrario, se han extendido a lo largo y ancho del país. Entonces ¿qué recurso queda a la sociedad lastimada y agredida? Si además, la justicia es expedita para castigar a quien vandalice edificios, pero no a quien comete homicidio. Para pensar.

*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com

Las leyes mexicanas han avanzado en la consideración de los derechos de la mujer. El Código Penal Federal establece el delito en el Artículo 325, además La Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia contempla la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), acciones del estado para cesas y eliminar la violencia contra las mujeres.

En realidad, el fenómeno de violencia que sufren muchas mujeres ha ido avanzando con celeridad hasta llegar a la muerte. Los obstáculos para aplicar la ley cuando hay delito de por medio, son comunes en las autoridades porque “no queda claro el tipo penal”, es muy difícil presentar pruebas, todo abona a la impunidad. Para 2019 hay 25 estados con procedimientos de AVGM -Guanajuato, Baja California, Baja California Sur, Puebla (en 50 municipios), Querétaro, Sonora, Campeche, Colima, Chiapas, Durango, Estado de México, Guerrero, Jalisco, Michoacán, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tamaulipas, Veracruz, Zacatecas, Yucatán- pero, la impunidad continúa.

Lo terrible, además, es que los elementos responsables de la seguridad pública sean los violadores de menores. El 10 de julio dos policías obligaron a una mujer de 27 años a entrar a un hotel de la colonia Tabacalera donde la violaron, el 3 de agosto una menor de 17 años señaló a 4 policías de haberla violado en la alcaldía de Azcapotzalco, y el 8 de agosto un policía bancario violó a una menor de 16 años en un museo de la CdMx. Sólo en dos casos se procedió a vincular a proceso a 3 elementos, pero en el caso del 3 de agosto no hay evidencia suficiente, pero son los hechos que colmaron la paciencia ciudadana y provocaron la protesta de miles de mujeres el viernes 16 de agosto.

Apoyar la protesta, que además fue acompañada de pintas, rotura de cristales, quemas y golpes a policías ¿es inadecuado? La protesta civil se caracteriza, entre otras cosas, por alterar el orden, así que no faltaba más. Sólo por recordar, gracias al movimiento feminista de finales del siglo XIX y principios del XX, conocido como sufragista, a sus marchas, sus pintas, sus exigencias en carteles, sus tácticas violentas como el sabotaje, el incendio de comercios, agresiones a domicilios de miembros del gobierno y del parlamento inglés, hoy millones de mujeres podemos participar en política y votar. Además, con saldo blanco.

En 1975 se llevó a cabo la primera Conferencia Mundial de la Mujer (ONU) con sede en la Ciudad de México, como constancia de que el tema de la violencia contra la mujer en sus diversas manifestaciones, concluyendo en discriminación por el “patriarcado”, tema intrincado y de gran complejidad. Pero la seguridad pública no ha estado a la altura, desde tiempos remotos. En 1976 se inauguró en Bruselas, Bélgica el primer Tribunal de Crímenes contra la Mujer donde Diane Russel se refirió al femicide (femicidio) por primera vez, “extremo terror anti-femenino…que resulta en muerte”. Marcela Lagarde, en 1985 lo distingue del feminicidio “donde tiene responsabilidad el Estado por la cantidad de casos impunes” (citado por Patricia Olamendi, 2017. Feminicidio en México, consultado en: Inmujeres.gob.mx).

Los primeros casos de feminicidios documentados en México datan de 1993 en Ciudad Juárez, Chihuahua, y desde entonces hasta ahora, no hay culpables ni ha bajado el índice de estos asesinatos, por el contrario, se han extendido a lo largo y ancho del país. Entonces ¿qué recurso queda a la sociedad lastimada y agredida? Si además, la justicia es expedita para castigar a quien vandalice edificios, pero no a quien comete homicidio. Para pensar.

*Politóloga, profesora-investigadora. Miembro Fundadora de la AMECIP. Mail: margarita_arguelles@hotmail.com

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