Uno de los graves problemas que enfrentamos en México tiene que ver con el estado de derecho, pues si bien es cierto que en todos los ámbitos desde el político, social y académico señalan su deficiente aplicación, no solo para impartir justicia, sino también para dar certeza al desarrollo económico y social.

Douglas North, Premio Nobel de Economía en 1993, señaló “las instituciones son el conjunto de reglas que regulan la conducta humana. En forma más económica, a esto se le ha denominado las reglas del juego”.

En nuestro país, el régimen que surgió de la revolución pasó de ser un sistema basado en la obediencia y el carisma de caudillos, a un sistema basado en la lealtad a una institución (la presidencia), sostenido ideológica y políticamente por un partido político, donde el presidencialismo sustituyó al caudillismo.

Ante ello, en la construcción del nuevo Estado mexicano, se crean y fortalecen las instituciones, donde los sectores populares obtuvieron beneficios tales como la seguridad social, educación gratuita y poder acceder a un trabajo remunerado con prestaciones, donde los sindicatos justificaron sus demandas sociales y laborales, producto de la revolución mexicana.

“Las instituciones se forman a partir de valores socialmente aceptados, en algunos casos con fuertes raíces históricas y en otros, como resultado de la introducción de innovaciones con miras al cambio”.

Actualmente y ante la construcción del país que queremos, debemos fortalecer un Estado democrático de derecho. Es decir, tener un país donde se respete la legalidad y a las instituciones, se garantice el derecho y las libertades de todos los mexicanos, mediante una eficiente y eficaz administración pública, que propicie el desarrollo de la sociedad.

La cual generara confianza y dará certeza a la inversión productiva, porque la realidad actual, ha lastimado a una gran parte de la sociedad, ya sea a través de algún percance de inseguridad y que decir de la pérdida de empleos de la planta laboral, están a la orden del día, tanto en el sector público, como el privado, lo cual empieza a debilitar a las instituciones, generando desconfianza en las acciones emprendidas por el gobierno federal.

Los acuerdos creíbles tienen repercusiones en las tres esferas del quehacer comunitario: económico, político y social. En la medida en que disminuye la posibilidad de generar acuerdos creíbles, debido al riesgo de conductas oportunistas o tramposas, los agentes restringen sus opciones de intercambio y terminan por reducir el nivel de bienestar de la sociedad.

Ahora bien, que decir de las Amenazas a la continuación del proyecto político de la 4T son interminables, pero hay una que cada día crece y que tal vez será insostenible para el gobierno y para el país; la situación de Pemex y por ende el castigo de las calificadoras internacionales.

Aunado al bajo crecimiento económico, que ha generado un incremento del desempleo y el subempleo, lo cual lleva al aumento de homicidios violentos y dolosos.

El control casi total que el gobierno federal ejerce sobre todas las instituciones que podrían significar un contrapeso del poder presidencial, plantea un escenario difícil.

Desde luego, el tema de los contrapesos es relevante para mantener el desarrollo del país, por ello, desde todos los ángulos se trata de mellar la independencia y autonomía del Poder Judicial, visto este como casi uno de los últimos contrapesos que tiene el poder aplastante del presidente de la República.

De ahí que los organismos e instituciones deben tener la capacidad de generar estabilidad, sin importar su nivel de autoridad, deben apegarse y ceñir sus decisiones a las normas y lineamientos que cada institución establece, según su área de competencia.

Actualmente en México se percibe un debilitamiento de las instituciones públicas, lo deseable estriba en fortalecerlas no en debilitarlas, ya que ellas son la pieza angular para continuar con el desarrollo social y, deben ofrecer estabilidad en el presente y certidumbre hacia el futuro.

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