La disminución de casos por coronavirus en Puebla no solo generó la reactivación gradual de actividades económicas y sociales, sino de aquellas políticas que antes de la pandemia tuvieron que verse suspendidas, como las "revisiones preventivas" que inició la Auditoría Superior del Estado (ASE) en contra de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP) y del ayuntamiento capitalino.

Hasta antes de la pandemia, uno de los asuntos que subía de tono conforme avanzaba fue la disputa entre el Ayuntamiento de Puebla y la BUAP, en contra del gobierno estatal, señalado de iniciar una persecución en contra del rector Alfonso Esparza Ortíz y la alcaldesa Claudia Rivera Vivanco, a través de la ASE y su titular, Francisco Romero Serrano.

Después de seis meses de emergencia sanitaria, ambas reiniciaron por dos pistas distintas.

Las revisiones en contra del ayuntamiento capitalino se reactivaron ayer con la comparecencia (informe) que Claudia Rivera presentó a los diputados de la Comisión Inspectora y que concluyó con la entrega de documentación en la ASE.

Incluso, los diputados que integran dicha comisión pidieron ayer a la ASE que les envíe un informe sobre las auditorías preventivas que iniciaron a finales del año pasado en contra del Ayuntamiento.

Ese tema, ya es tema otra vez.

La diferencia es que la ASE ya tiene más material para armar sus carpetas, pues a partir del último día hábil de abril ya puede realizar la fiscalización ordinaria de la cuenta pública 2019 del Ayuntamiento de Puebla y no solo con "auditorías preventivas" que se podían corregir.

No dude que el organismo de fiscalización arme otra carpeta con observaciones de 2020, desde los ventiladores inservibles hasta los permisos de construcción irregulares, en caso de que hubieran generado un daño patrimonial.

Hay que decir que la legislación vigente permite al Ayuntamiento defenderse de todos los señalamientos, habrá que esperar que las sustente.

Pero para nadie es secreto la etiqueta de "garrote político" que carga el organismo de fiscalización y más de cara al proceso electoral que se avecina.

Hablamos de posibles observaciones que van directo al proyecto de reelección de Claudia Rivera.

Dónde también se vislumbra un escenario similar es con la BUAP.

La máxima casa de estudios también fue objeto de "auditorías preventivas" antes de la pandemia.

El rector Alfonso Esparza levantó la voz en su momento, y junto con el Consejo Universitario, las calificó como inconstitucionales.

Tras el tercer informe de labores del rector, el gobernador, Luis Miguel Barbosa Huerta, evitó una confrontación mediática como ya era común con la BUAP.

En contraste, dijo que la instancia encargada de realizar la revisión correspondiente es la ASE, la misma que ordenó las polémicas auditorías a finales del año pasado.

Y por si faltaba un pretexto, está la candidatura que la dirigente estatal del PAN, Genoveva Huerta Villegas, le ofreció al rector para la elección de 2021.

Vaya que las oficinas de Francisco Romero serán concurridas los próximos días.

Que preparen las pruebas rápidas de Covid.

Porque ya se sabe que nadie entra a su oficina si no se la hace.

Hasta la próxima.

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